El Juzgado de lo Penal 1 de Huelva ha acogido este miércoles el juicio rápido contra los tres acusados por su supuesta relación con los hechos ocurridos el 7 de agosto en la playa de Punta Umbría, donde resultó herido de arma blanca el subinspector jefe de la Policía Local de este municipio en el marco de un dispositivo contra la venta ambulante ilegal. Los tres han reconocido los hechos que les imputaba el Ministerio Fiscal e incluso los dos vendedores ambulantes ilegales acusados han pedido perdón.
Durante la sesión del juicio, el principal acusado, el cual está en prisión provisional, y que padece hipoacusia y un retraso mental ligero, ha reconocido los hechos y ha dicho al comienzo de la sesión que "se arrepiente". Para él la Fiscalía ha rebajado la petición de pena y ha solicitado dos años de prisión por el delito de lesiones en concurso ideal con el atentado a agente de la autoridad, así como por cada uno de los delitos leves de lesiones la pena de un mes de multa a cuenta de tres euros diarios.
El Ministerio Fiscal ha argumentado que deben tenerse en cuenta el atenuante de la reparación del daño puesto que los acusados han consignado ya el dinero de las indemnizaciones, el reconocimiento de los hechos, así como ha destacado que el principal acusado cuenta con una minusvalía reconocida y que ha confirmado en la sala el perito forense, el cual ha reiterado que la misma afecta a sus capacidades cognitivas y volitas, de manera que, como ha dicho, el aislamiento que le provoca la falta de audición afecta su comprensión de lo ocurre.
Para el otro acusado, también vendedor ambulante y hermano del anterior, que ha pedido perdón: "si he hecho algo que no debería hacer", la Fiscalía solicita seis meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad y una multa de un mes con tres euros diarios por los tres delitos leves de lesiones.
Finalmente, para el bañista, el cual intervino en el tumulto en defensa de los vendedores ambulantes, el Ministerio Público solicita por un delito de resistencia a la autoridad seis meses de multa a razón de tres euros diarios y finalmente no se le impugna por el delito leve de lesiones a un agente.
Por su parte, tanto la defensa de los dos hermanos, que ejerce el letrado Juan Campos, como la defensa del bañista, ejercida por el abogado José Andrés Cortés, se han mostrado conformes con lo solicitado por la Fiscalía. E incluso la defensa del bañista ha aceptado lo propuesto por la acusación particular de los agentes.
Campos ha incidido, en declaraciones a los medios al concluir el juicio, que espera que "se guarden las garantías constitucionales tanto para sus representados como para las víctimas", a las que ha deseado una "pronta y próspera" recuperación "por lesiones leves".
No obstante, el letrado Juan Rodríguez, que ejerce la acusación particular de todos los agentes afectados, incluido la del subinspector jefe de la Policía Local, ha expresado su disconformidad y ha pedido para el principal acusado "la pena máxima", de manera que ésta vaya entre los dos años y siete meses de prisión y los tres años y ocho meses para que se asegure su ingreso en prisión, así como ha pedido las accesorias de la prohibición durante cinco años de entrar en Punta Umbría y acercarse al agente y sus familiares, así como la prohibición durante cinco años de tenencia o porte de armas.
La sentencia está previsto que se dé a conocer este mismo lunes, de manera que el principal acusado permanecerá en prisión provisional hasta que se conozca la decisión.
Por su parte, la acusación particular ha solicitado el visionado del vídeo de los hechos que se hizo viral en las redes sociales, --petición que ha sido rechazada al reconocer los hechos los acusados--, y ha incidido en las secuelas psicológicas de esta agresión para el jefe de la Policía Local.
Además, ha incidido en el perjuicio estético de las lesiones para el mismo, y además ha remarcado que espera que "caiga todo el peso de la ley" sobre el principal acusado, ya que considera que fue "una suerte que no estemos ante un homicidio en grado de tentativa".
Tras lamentar que se valore el resultado de los hechos y no la intencionalidad que se desprenda de los mismos, el letrado ha expresado su disconformidad con la postura de la Fiscalía porque, a su juicio, el Código Penal permite que se imponga una pena mayor y ha recordado que "no les queda otra" que acatar como atenuante el informe relativo a la minusvalía del acusado.
Para el segundo de los acusados acepta que se rebaje la pena por el delito de atentado a la autoridad pero pide que se incluyan los daños a unas gafas de un agente por valor de 155 euros.
La defensa de los dos hermanos, por su parte, considera que no se ha acreditado en la sala los argumentos para pedir las dos accesorias que pide la acusación particular, así como también rechaza que se pida el abono por las gafas porque "estamos en una sede penal" por lo que no procede, a su parecer, cuestiones económicas. Tras incidir en que sus dos clientes han pedido perdón, incide en que se incluya el atenuante por reconocimiento tardío de los hechos.
En la sala la Fiscalía ha calificado los hechos de "execrables" pero ha remarcado que se ha ajustado al Código Penal para solicitar sus penas, incidiendo en que, aunque pueda parecer "desproporcionada por mínima", se podrían haber rebajado dos grados y solo se ha hecho uno y además se dio ausencia de riesgo vital para el agente. Rechaza las penas accesorias, que este funcionario público lleva ímplicito en sus labores patrullar por la localidad, lo que hace que no se pueda fijar la prohibición del principal acusado de acercarse a él.
"DECEPCIÓN" DEL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL
Por su parte, el subinspector jefe de la Policía Local ha asegurado en la sala que las cicatrices de las heridas le impiden hacer vida normal y a nivel psicológico ha explicado que "no entiende cómo una sanción administrativa termina acuchillando al jefe de la Policía Local".
Tras el juicio, en declaraciones a los periodistas a las puertas de la Audiencia Provincial, ha afirmado que la rebaja de pena por parte de la Fiscalía la acoge con "decepción" porque "no esperaba que se bajara de cuatro a dos años". Ha narrado que tiene secuelas físicas pero ha subrayado que "lo más importante son las secuelas psicológicas porque no entiendo que una sanción administrativa termine con un policía con navajazos con esa agresividad", ha reiterado.
"La suerte jugó un papel fundamental porque me podría haber matado en cualquier momento y gracias a Dios el cuchillo se cerró en un momento determinado, caí de pie y pude defenderme y la rápida actuación de mis compañeros", ha proseguido.
"En España es necesario un cambio de la legislación porque se valora el resultado y no la intencionalidad cuando todo el mundo ha visto por el vídeo de las redes sociales que se ve claro que la intención de él es matarme", ha concluido.
Finalmente, el tercer acusado, el bañista ha realizado declaraciones a los medios tras el juicio contra la Policía Local porque "si no llega a ser por la chavala que me socorrió entre los dos gorilas que tenía encima me asfixian" porque "yo tenía ya el pie en el otro barrio". Con ironía le ha dado las gracias a la Policía Local por "el trato tan agradable que tuve después de unas guantadas". Su abogado, José Andrés Cortés, ha manifestado que se encuentra "satisfecho" tras el pacto con la Fiscalía y la acusación particular y que todo ha quedado resumido a una multa de 550 euros.
Cuestionado por el motivo que le llevó a interceder en defensa de los vendedores ambulantes ilegales, ha respondido que fue "una impronta" y sobre si piensa poner alguna denuncia por ese trato que, según él, le dio la Policía, ha dicho que las personas de a pie "tenemos que pagar" los trámites jurídicos.
