Cádiz

Una ley de la República regula todavía el uso de cadáveres en la universidad

Las universidades españolas no disponen de un marco normativo que regule el uso de cadáveres y restos humanos con fines científicos, y la única legislación sobre la materia data de 1932 y fue elaborada durante la II República.

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Las universidades españolas no disponen de un marco normativo que regule el uso de cadáveres y restos humanos con fines científicos, y la única legislación sobre la materia data de 1932 y fue elaborada durante la II República.

Así lo explicó, en declaraciones a Efe, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos José Antonio Monterrubio, que ha denunciado además que las investigaciones con cadáveres en las universidades españoles son “alegales” o “ilegales”.

Según Monterrubio, las únicas instituciones competentes para acabar con este “vacío legal” son las universidades públicas y privadas que oferten estudios relacionados con el ámbito sanitario.

“Prácticamente todas las universidades están en la alegalidad porque no existe un marco normativo y pueden incurrir además en la ilegalidad, pues no cumplen con los protocolos y la legislación de riesgos laborales en el uso y la manipulación de los cadáveres”, indicó este experto.

“Hay algunas universidades que tienen cadáveres tirados en piscinas con formol”, criticó Monterrubio, quien aseguró que la ley, redactada hace 72 años, es del tiempo “en el que la gente iba a los cementerios a coger huesos”.

Un decreto, aprobado en 1974, fija el reglamento de la policía sanitaria mortuoria y, en el apartado de la utilización de cadáveres para la enseñanza, precisa que “solo podrá realizarse en los casos y circunstancias previstas en las disposiciones vigentes”, entre ellas, la orden de 31 de octubre de 1932.

“La legislación añadía que se desarrollaría una legislación específica, algo que no ha ocurrido”, denunció Monterrubio, quien añadió que las facultades se guían por la norma de 1932, que se completa con los decretos elaborados por las comunidades autónomas.

Sin embargo, sólo desarrollan este aspecto los decretos de Andalucía, en 2001, y de Castilla y León, en 2005, “pero de una manera muy parca”, apostilló Monterrubio. Una de las excepciones es la universidad madrileña Rey Juan Carlos, que desde febrero cuenta con un marco normativo que regula el uso de cadáveres.

La Sociedad Anatómica Española también ha elaborado varios documentos que, por ejemplo, establecen los procedimientos para las donaciones hechas en vida o el protocolo para preservar el decoro de los cadáveres utilizados en la sala de disección así como la salubridad de sus usuarios.

El uso de los cadáveres está “poco regulado” y comprende una larga lista de disciplinas como la cirugía, la aeronavegación –útil para conocer la presión que es capaz de aguantar un ser humano–, la industria armamentística o el medio ambiente, una materia en la que se estudia cómo convertir cadáveres en compost.

“En la Universidad de Tennessee (Estados Unidos) hay un campo inmenso sembrado de cadáveres, tumbados o de pie, para estudiar cómo evolucionan o cómo una bala se corroe o no”, citó como ejemplo Monterrubio.

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