Ecologistas en Acción ha reclamado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que dé información sobre la existencia de seis estaciones medidoras de radioactividad en municipios del levante de Almería y de Murcia que ha revelado el informe de la Comisión Europea (CE) sobre Palomares, y que detalle los resultados obtenidos desde que se instalaron hasta la actualidad.
En su escrito, el colectivo conservacionista precisa que en la página siete del informe elaborado por la misión de verificación que visitó el área contaminada con plutonio en junio de 2019 aparecen estaciones medidoras de radioactividad en Carboneras, Garrucha, Cuevas del Almanzora, Albox, Sorbas y la murciana Águilas.
Destaca que "ninguno" de los ayuntamientos de estos municipios, "ni ningún organismo oficial", tienen "conocimiento de la existencia de estos aparatos" y subraya que procede notificar cuál es la ubicación de cada uno de ellos, la fecha de instalación y las mediciones efectuadas desde ese fecha hasta la actualidad.
El escrito remitido al regulador atómico, de fecha 23 de febrero, apela a la Ley de Aarhus de 2006 y a la Ley de Transparencia para justificar su solicitud ya que, tal y como sostiene, estas estaciones se instalaron "para comprobar si la radioactividad se ha esparcido y está afectando a municipios situados a un perímetro de 30 kilómetros" de Palomares.
Ecologistas en Acción, impulsor del procedimiento contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional que ha dado lugar a que se requiera al Gobierno a declasificar el Plan de Rehabilitación aprobado en 2010 para limpiar las 40 hectáreas contaminadas, insiste en que la limpieza de la zona "debe producirse en el menor espacio posible".
"El plutonio, a lo largo del tiempo, se convierte en americio, que es mucho más tóximo y más peligroso", recuerdan desde el colectivo, que afirma que los medidores instalados han tenido que registrar "dos episodios" en los últimos años.
En concreto, hace alusión a la construcción de unas balsas "con gran movimiento de tierra y liberación de la contaminación en 1987" y a un "intento de construir una urbanización, con el consiguiente movimiento de tierras y esparcimiento de la contaminación a finales de la década de los noventa.
Cabe recordar que la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) ha advertido recientemente de que el "secretismo" en torno al caso "ha agravado aún más la situación radiológica en la zona".
Consideran que ha "tenido consecuencias" derivadas del desconocimiento de la situación por parte de las administraciones, tanto local como autonómica, "que permitieron en los años 80 y 90 remover terrenos contaminados radiológicamente" para la construcción de unas balsas.
"Todo ello agravó más aún la situación radiológica de la zona", sostienen al tiempo de que avisan de que "sin información accesible y transparente no es posible valorar actuaciones que se vayan a realizar en la zona ni conocer si el regulador está realmente actuando para proteger la salud de las personas y del medio ambiente".
Además, en escrito remitido en diciembre de 2018 a los miembros de la Ponencia encargada de las Relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear de Congreso por la asociación y defendida en sede parlamentaria un mes antes, los técnicos subrayan la necesidad de se "analice, y, en su caso, se rehabilite cuanto antes" para evitar "efectos inaceptables en las personas y en medio ambiente".
Indican que la "evolución" de los "radionucleidos Pu-239, Pu-240, Pu-241, así como la aparición de Am-241, generado a partir del Pu-241", tiene como consecuencia la "modificación del efecto radiológico, tanto en las personas como en el medio ambiente, debido a un comportamiento más dispersable a medida que van pasando los años".
