En un escrito dirigido al juez Santiago Pedraz, la Fiscalía solicita investigar en una pieza separada secreta “a los comisionistas intervinientes en la liberación, así como a los bufetes de abogados (con sede en Londres y otros países europeos) que hayan podido participar en las negociaciones del secuestro y demás hechos concurrentes con los citados”.
La solicitud de la Fiscalía, que también pide al juez que llame a declarar como testigos a los dieciséis marineros españoles del atunero, se produce después de que varios medios hayan asegurado que el Alakrana fue liberado tras el pago de un rescate de entre 2,3 millones y 2,7 millones de euros.
En su escrito, el fiscal encargado de la causa, Jesús Alonso, quiere que Pedraz oficie a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional “para que proceda a la localización de los marineros secuestrados” con el objetivo de que se les pueda tomar declaración “una vez que regresen a territorio español” para que aclaren las circunstancias en las que ocurrieron los hechos investigados.
El fiscal hace esta petición “a los efectos de hacerles el legal ofrecimiento de acciones” por si los marineros quisieran personarse en la causa en calidad de acusación particular.
Esta solicitud del Ministerio Público se produce en el marco de la causa principal sobre el secuestro del Alakrana que instruye Pedraz, que anteayer concluyó el sumario abierto contra Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman, detenidos por participar en el asalto del pesquero, y lo envió a la sala de lo penal para enjuiciarlos.
Por ello, la Fiscalía ha solicitado a la sección cuarta de la sala de lo penal la apertura de juicio oral, tras lo que la defensa deberá solicitar a la sala si quiere que se celebra la vista o se archive la causa.
El juez ha procesado a los dos supuestos piratas por 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas –no les acusa de asociación ilícita–, y la Fiscalía ya ha anunciado que rechaza pactar un acuerdo para que ambos detenidos puedan ser expulsados a Somalia y que tiene previsto solicitar penas que superan los 200 años de cárcel.
