La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha concentrado en 2020 en torno al 80% de los 144 traslados de presos de ETA autorizados desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez en 2018. Más de la mitad de los 195 etarras que siguen en prisión en España se encuentran ya a menos de 200 kilómetros de sus domicilios mientras que en las cárceles andaluzas, las más alejadas, quedan una treintena, según los datos recabados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Los acercamientos se han acelerado a lo largo de 2020 en medio de críticas de partidos de la oposición y de asociaciones como la propia AVT, que vinculan estas decisiones con el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado. Los traslados se han concentrado sobre todo a la vuelta del verano, después de las restricciones por el estado de alarma decretado en marzo por la covid-19 y que afectó también a las cárceles.
49 ETARRAS CON DELITOS DE SANGRE
Instituciones Penitenciarias ha autorizado unos 110 movimientos en 2020 sumando tanto traslados como progresiones al tercer grado de presos etarras, según los datos recopilados por la AVT, que criticó el 30 de diciembre que se cerrara el año con once traslados de etarras --más el del histórico GRAPO Manuel Pérez Martínez--, la que ha sido la decisión que afecta a la vez al mayor número de condenados por terrorismo.
La AVT cuestiona que, de los 130 etarras trasladados --algunos más de una vez, hasta sumar la cifra de 144 movimientos-- por el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, 49 tienen delitos de sangre. Exigen colaboración previa con la Justicia en los casos aún sin resolver y piden una reunión con el ministro porque entienden que ha incumplido lo que les prometió en septiembre de 2018: que serían acercamientos puntuales, sin delitos de sangre y con la mayor parte de condena cumplida.
La crítica ante la "inmoral campaña de derogación de la política de dispersión" incluyó el rechazo a la última comunicación de traslados, la de final de año, ya que afectaba a Juan Carlos Iglesias Chouzas 'Gadafi' y José Ignacio Guridi Lasa, así como Igor Portu, uno de los terroristas condenados por el atentado mortal en la T-4 de Madrid perpetrado en la Navidad de 2006.
Directamente hasta el País Vasco o Navarra han sido trasladados desde junio de 2018 un total de 26 etarras, diez de ellos por progresión al tercer grado y otros tres por enfermedad. Con Sánchez en el Gobierno se han concedido también 17 progresiones al tercer grado --cinco para etarras con delitos de sangre--. Son siete los etarras que han alcanzado la libertad condicional y otros 25 han sido excarcelados por cumplimiento de condena.
La AVT advierte en sus comunicados que el objetivo de los etarras es quedar libres, de ahí que teman el traspaso de la competencia de prisiones en un contexto, además, de apoyo de EH Bildu a unos Presupuestos que consideran que están "manchados de sangre". Son 18 los trasladados al País Vasco y otros 8 a Navarra; aunque la cárcel de Logroño concentra 20 acercamientos autorizados, los mismos que Zaragoza; a las que siguen Burgos (13), Cantabria y Asturias (12), Soria (11), Madrid (10) y Palencia (9).
INTERIOR DICE QUE CUMPLEN LA LEY
Desde Interior sostienen que cumplen con la legalidad penitenciaria tras la derrota y disolución de ETA, que las decisiones sobre traslados se adoptan a propuesta de las juntas de tratamiento de las prisiones y que ninguna de ellas ha sido recurrida ni revertida por los tribunales.
En la lista cada vez aparecen más históricos jefes de ETA o condenados con mayor número de crímenes. El 18 de diciembre se aprobó el del exjefe etarra Félix Alberto López de la Calle Gauna, alias 'Mobutu', y Luis Mariñelarena Garciandia, condenado por el asesinato de Fernando Buesa y su escolta. También se decidió que José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantuauri', fuese trasladado finalmente a la cárcel de Pamplona, y no a la de Logroño como se había aprobado, después de sufrir un infarto que obligó a su hospitalización en Murcia.
La AVT teme que en cuatro meses todos los presos de ETA pueden haber sido movidos a cárceles situadas en Madrid y la zona norte de España. También desconfían de los presos que son trasladados alegando Instituciones Penitenciarias que aceptan la legalidad al reconocer el daño causado, ya que entienden que se está recurriendo a "cartas de falsos arrepentimientos".
