Piden penas de casi 4 años de cárcel a los 15 acusados por extracción aguas en Doñana

El Juzgado de lo Penal 1 de Huelva celebra a partir de este martes el juicio contra los 15 acusados, entre ellos los exalcaldes de Almonte, Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP), por extracción ilegal de aguas en Doñana algo por lo que se enfrentan a penas que alcanzan hasta casi 4 años de cárcel.

De esta forma, los dos exalcaldes se enfrentan a una petición de condena por parte de la Fiscalía de dos años y 10 meses de cárcel para los ex alcaldes de Almonte, Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP) al considerarlos cooperadores necesarios de un delito de los recursos naturales y el medio ambiente.

Responsable de los hechos se cree a 13 titulares de explotaciones sita en el paraje Matalagrana, en Almonte, y administradores de siete empresas agrícolas, para los que pide tres años y 10 meses de cárcel.

Para los dos ediles se pide también el pago de una multa de 12.000 euros cada uno y los empresarios de 5.400; mientras que el fiscal entiende que procede imponer a las empresas implicadas el pago de 24.000 euros; todo ello al margen de la responsabilidad penal que hayan de abonar y que se fijará en base al informe pericial elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

El juicio dará comienzo mañana a las 10.00 horas en la sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ya que la del Penal 1 se queda pequeña ante el número de acusados; está previsto que se prolongue durante dos semanas y que sean alrededor de una treintena los peritos y testigos que declaren en el mismo.

Según la Fiscalía, en las explotaciones implicadas en la causa se ha producido "una detracción ilegal y sistemática" de agua del acuífero que surte de agua a entre 2009 y 2012, lo que provocó una alteración del balance hídrico del mismo y supuso "un riesgo de daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que alberga, sus hábitats y sobre el significado y valor ecológico del lugar a nivel mundial".

Desde que en el año 2007 y siguientes empezaran a recibir los agricultores acusados la notificación de expedientes sancionadores de la CHG por extracción de agua, Francisco Bella y José Antonio Domínguez se comprometieron expresamente con dichos acusados a solucionar "el problema" y les comunicaron que todo era un error y que ellos se ocuparían de todo y le darían una "solución política" al tema.

Con esa actitud y posicionamiento permitieron que continuase la actividad de extracción ilegal del agua y el daño para el acuífero.