La industria del videojuego ha recibido «con decepción» las medidas aprobadas hoy por el Gobierno para ayudar al sector de la cultura a paliar la crisis del coronavirus, ya que no contemplan una de sus reivindicaciones históricas: la inclusión del sector en la deducción por inversiones de la que se benefician el cine o las series audiovisuales.
Una de las principales patronales del gremio, DEV, que agrupa a los estudios de desarrollo y producción de videojuegos españoles, lamenta «la falta de sensibilidad hacia el sector» del Gobierno en un comunicado y se considera la «gran olvidada» de las ayudas aprobadas hoy.
El Real Decreto aprobado hoy destina 76,4 millones de euros a «defender» la Cultura: entre otras medidas da acceso extraordinario a la prestación por desempleo para los trabajadores del gremio y aporta 20 millones de euros a la sociedad de garantía recíproca CREA SGR para habilitar líneas de crédito de hasta 780 millones.
El sector del videojuego en España había reclamado la inclusión del videojuego en la deducción por inversiones del que se benefician producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, y de la que disfrutan industrias vecinas en Francia, Italia y Reino Unido.
Pese a que el Real Decreto aprobado hoy reforma la Ley del Impuesto sobre Sociedades, «no se ha incluido a la industria del videojuego en la deducción por inversiones», denuncian.
«Se trata de una medida necesaria para impulsar la entrada de inversores nacionales e internacionales en los proyectos de videojuegos desarrollados en España y cuya gran eficacia ha sido ampliamente demostrada en el sector audiovisual, incluida la animación y los efectos visuales; tanto, que el Real Decreto publicado hoy incrementa el porcentaje de deducción fiscal para estas producciones del 20 % al 30 %», añaden.
La aprobación de esta medida permitiría a la industria española de desarrollo de videojuegos «paliar el impacto de la crisis de COVID-19» que, según una encuesta al sector, podría provocar una pérdida directa a corto plazo de 90 millones de euros de facturación y una ralentización importante en el crecimiento anual del empleo, equivalente a 500 empleos que dejarían de generarse en 2020.
Si la crisis sanitaria se alargara más de 3 meses, lamentan, «existe un riesgo de continuidad de negocio para el 46 % de la industria».
