El comité de huelga de los funcionarios de Justicia, integrado por representantes sindicales de CSIF, STAJ, CC OO, y UGT, ha formalizado el inicio de un procedimiento administrativo para forzar la mediación con el Ministerio de Justicia, que permita desbloquear este conflicto laboral iniciado el pasado 17 de abril, y que ha conllevado la suspensión de más de un millón y medio de juicios y 15 millones de actuaciones judiciales aplazadas en toda España.
Los funcionarios de los cuatro cuerpos generales de Justicia pretenden así, al amparo del artículo 45.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, obligar a los responsables ministeriales a sentarse en una mesa de negociación para alcanzar una solución extrajudicial mediante la intervención y arbitraje de un tercero.
Mientras ello se produce, los sindicatos han llamado la atención respecto a que el próximo lunes 3 de julio las tres asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han sido convocadas a una reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo que firmó el Ministerio con su comité de huelga el pasado 28 de marzo.
En ese acuerdo se reconocían de 430 euros a 450 euros brutos al mes por LAJ (a los que habría que añadir, según el Comité de Huelga de los funcionarios, los 206,87 al mes por secretario judicial del acuerdo sindical del año 2021), justificados por el papel de los LAJ en la implantación del nuevo modelo de justicia a través de las denominadas leyes de Eficiencia, que se han paralizado tras la convocatoria de elecciones generales el pasado 29 de mayo.
"Por el contrario, el comité de huelga de los funcionarios y funcionarias de Justicia sigue sin recibir convocatoria alguna del Ministerio de Justicia tras dos meses de movilizaciones y más de un mes de huelga indefinida; casi dos millones de juicios suspendidos y aplazados; y cerca de 20 millones de actuaciones judiciales paralizadas", aseguran los cuatro sindicatos en un comunicado.
"MALTRADO Y DESPRECIO", DICEN
Por ello el Comité de Huelga denuncia lo que califica de "maltrato, desprecio y la humillación a los que el Gobierno está sometiendo a 45.000 empleados y empleadas públicas de Justicia, con su negativa a negociar mientras está en plenitud de facultades legales como Gobierno".
Durante la tarde de ayer, jueves, los funcionarios de Málaga se manifestaron por el centro de la capital, haciendo oír sus reclamaciones salariales y de reconocimiento de funciones dentro de los juzgados y tribunales. La concentración con pancartas concluyó en la plaza de la Constitución sin incidente alguno.
