Hoy, en Conil, somos testigos de cómo, a la vuelta de la esquina, una familia se enfrenta a perder su hogar. No hablamos de una casa cualquiera, sino de un hogar: el espacio donde han construido su vida y sus recuerdos. Este hecho no debería dejarnos indiferentes. Es la consecuencia de una realidad que, aunque advertida por la sociedad desde hace años, los políticos han ignorado, manteniendo un silencio que hoy parece cómplice. Sabían que la construcción de viviendas irregulares proliferaba en los campos de muchos pueblos de la costa andaluza, incluyendo la gaditana. Y sin embargo, guardaron silencio.
Hoy, en Conil, somos testigos de cómo, a la vuelta de la esquina, una familia se enfrenta a perder su hogar. No hablamos de una casa cualquiera, sino de un hogar: el espacio donde han construido su vida y sus recuerdosSe estima que en nuestro pueblo existen cerca de 7,000 viviendas irregulares según datos oficiales. Y eso sin contar las construcciones fuera de la ley en la Costa del Sol, con urbanizaciones masivas que escaparon al control y que, sin embargo, siguen en pie. ¿Por qué no se oyen órdenes de derribo en ciudades como Marbella, ejemplo emblemático de este tipo de edificación? ¿Por qué la urbanización de lujo de Valdecañas, en Extremadura, recibe apoyo de la Junta para evitar su derribo? Pareciera que en algunos lugares la ley actúa con una fuerza implacable y en otros se acomoda.
Hoy, una familia conileña, después de un periplo de 12 años de lucha, se queda en la calle. Han agotado todos los recursos legales a su disposición, con el coste psicológico y económico que supone vivir con la incertidumbre de no saber qué pasará con el hogar que han construido. Mientras tanto, en Andalucía existen unas 300,000 parcelas en situación irregular. Y entonces surge la pregunta inevitable: si en una localidad como Conil existen cerca de 7,000 viviendas irregulares, ¿por qué solo un centenar de ellas recibe orden de derribo? ¿Por qué la nuestra y no otras? Eso se preguntan David y María del Mar, los dueños de la casa que será derribada en breve. Y en el último pleno municipal, esa pregunta apenas recibió respuesta. El silencio, parece, sigue siendo la política.
En nuestro pueblo se ha normalizado esta irregularidad. Durante años, los vecinos construyeron sus viviendas en el campo sin mayores preocupaciones, alentados por frases que ahora resuenan trágicas: “Haz tu casa, que no pasa nada”, “Denúncialo tú y no te molestarán”. Y sin embargo, hoy vemos cómo una familia queda en la calle, ante el estupor de buena parte de la comunidad, que no comprende cómo hemos llegado a este punto.
Las leyes son leyes, pero eso no significa que sean justas. Los jueces, cansados de la inactividad de la administración, empiezan a actuar con dureza. Llevan años recibiendo recursos que no hacen sino aplazar lo inevitable, y ahora, parece, han perdido la paciencia. La administración, por su parte, tuvo la oportunidad de redactar una nueva ley de suelo que atendiera a todas las aristas de este problema, pero no ha sido capaz de ofrecer soluciones justas, y en cambio, ha dejado a las familias en una situación de indefensión absoluta.
Las administraciones que fueron testigo de estos hechos durante años tienen una responsabilidad ineludible, independientemente de los cambios de color político. En mi opinión, deben explorar todas las posibilidades para regularizar esta situación, ya que, sin duda, se han beneficiado económicamente de estas construcciones. Las viviendas irregulares, dispersas por los campos y costas de pueblos como Conil, han contribuido al motor económico local, generando empleo y prosperidad. Algunas de estas zonas albergan comercios y empresas que hoy son referentes de la región. Los políticos tienen el deber moral y ético de luchar por todos sus vecinos y no solo de acatar los planes urbanísticos que demanda la justicia. Este enfoque legalista no basta, pues las leyes urbanísticas actuales son incapaces de abordar a fondo el problema, y van muy por detrás de las necesidades reales de una sociedad en la que la vivienda se ha vuelto inalcanzable.
En zonas como Conil, el precio medio de una vivienda ronda los 250,000 o 300,000 euros, una cifra que excluye a gran parte de la población. Y ante esta realidad, surgen preguntas difíciles de ignorar: ¿Por qué, si mi abuelo me dejó una parcela, no puedo construir una vivienda en ella? Esta es la pregunta que se hacen hoy muchos jóvenes de nuestro pueblo. No hablamos de ocupar un espacio protegido, sino de una necesidad vital y de un derecho constitucional: el derecho a una vivienda. Sin embargo, construir en terrenos propios se convierte en una lucha burocrática que contradice esta necesidad básica.
Hoy, en nuestro pueblo, estamos a punto de presenciar una injusticia. Y eso es lo que es, se mire como se mire. Más aún si consideramos que antiguos gobernantes y conocidos tienen viviendas irregulares que nunca han llegado a enfrentar a la justicia.
No se trata solo de la responsabilidad de quienes construyeron sin licencia, sino también de los administradores y gestores que hicieron la vista gorda y fallaron en advertir a la ciudadanía de las posibles consecuencias. Muchos, sin decir una palabra, dejaron que el problema creciera hasta que fue imposible ignorarlo, cuando algunos vecinos rompieron el tabú de la vivienda irregular. Hoy, esos mismos vecinos vuelven a la calle para implorar que las autoridades terminen el trabajo de reparar el daño que todos contribuyeron a crear, pero que ahora recae solo sobre sus cabezas.
Si queremos ser una sociedad justa, lo único razonable es arreglar este desorden y tomar medidas serias para que no caigamos de nuevo en este error. Porque al final, todo llega. Y de aquellos barros… estos lodos.
