Escribo en el día que conmemoramos la Constitución desde la indignación que me produjo oír a una pseudo representante del poder ejecutivo decir en la sede del legislativo que era el judicial el que tenía que formarse. Es esperpéntico pero es verdad que ha sucedido. Todo ello a propósito de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, LO 10/2022, que reforma el Código Penal en los delitos contra la libertad sexual.
Quienes tienen que formarse son todos aquellos políticos y asesores que forman parte de un equipo absurdo que desconoce un mandato tan claro como el del articulo 2.2. del Código Penal según el cual “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiere recaído sentencia firme y el sujeto estuviere cumpliendo condena”. Esto es, no se pueden revisar aquellas circunstancias que se contemplaban en la sentencia dictada en su día, pero es obligatorio -a petición de parte o incluso de oficio- aplicar la nueva ley a lo que ya se dio por probado y condenado una sentencia firme.
Hablar de machismo es tan ridículo como los personajes que usan ese argumento. ¿Qué interés tiene un juez en revisar su sentencia para bajar una pena ya impuesta si no es porque el imperio del principio de legalidad y no cualquier otro espurio interés le obliga a hacerlo? La Sra. Ministro encima en el Parlamento desafía a que no habría revisiones de condena. Solo eso debería hacerle dimitir. Pero es que además del claro error cometido por unos legisladores incapaces -tanto quienes la elaboraron como quienes la aprobaron- si fuera verdad -que no lo es en absoluto- que el problema está en la interpretación de la ley, también sería su responsabilidad, porque en ese caso nunca debieron elaborar un texto que permitiera que decenas de delincuentes sexuales salieran a la calle. Si es por interpretación errónea lo habrían hecho mal por posibilitarla. Pero es que encima es falso de toda falsedad. Todo cambio en la penalidad de un delito exige de los jueces la revisión de la pena aplicada. Sin más. Y hay unos responsables que lo han impuesto. Solo un delincuente sexual en la calle bastaría para responder con el cargo. Decenas de ellos debería provocar que se buscara un escondite. Salir encima con orgullo atacando a jueces que solo cumplen su obligación es realmente insultante.
Pero es que además por imperio del art. 9.3 de la Constitución cambiar de nuevo la Ley no evita nunca esa aplicación de la ley más favorable. Todo ello en un país que encima sigue degenerando la autoridad de su jueces en detrimento del único poder al que los políticos si de verdad estuvieran formados deberían luchar por su máximo respeto en lugar de por la manipulación.Lo escribo con esa tristeza que me invade recordar a mi padre, que desde su lucha toda su vida por la democracia aportando a una Constitución de la concordia hoy estará en el cielo desolado por aquello en que hemos convertido España.
