Uno de cada cinco gaditanos está cercano a la pobreza

Derechos humanos. Informe sobre ?Cádiz, paro, pobreza y exclusión social? por parte de la Apdha

  • La gran mayoría de los excluidos según el informe se encuentran en las principales ciudades de la provincia. -
La provincia de Cádiz encabeza los índices de pobreza, exclusión social y de economía sumergida de la región andaluza y el conjunto del país, según el informe Cádiz, paro, pobreza y exclusión social presentado ayer por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).

“Uno de cada diez gaditanos está en situación de pobreza grave”, afirmó la secretaria de la Delegación Bahía de Cádiz de la Apdha, Luisa Cortés. En Cádiz “uno de cada cinco habitantes está en situación grave de vulnerabilidad”. Asimismo, añadió que los umbrales de economía sumergida son “los más altos de toda España”, alcanzando “el 25 por ciento del Producto Interior Bruto” (PIB).

Luisa Cortés, explicó que 110.898 personas de la provincia se encuentran en situación de pobreza “grave” y riesgo de exclusión social. Es decir, que sobreviven con unos ingresos que se sitúan por debajo del 25 por ciento de la Renta Media Disponible (RMD), esto es “unos 200 euros mensuales” aproximadamente.

 Sin embargo, puntualizó que se considera pobre a quienes se sitúan económicamente por debajo del 60 por ciento de la RMD en el conjunto del Estado (5.041 euros anuales), que en la provincia son 212.810 personas.  Los datos en los grandes municipios con más de 100.000 habitantes son que Cádiz acumula 42.265 personas en situación “desfavorecida o muy desfavorecida”, Algeciras 37.787 y Jerez con 33.530 personas.  La situación en aquellos municipios de más de 50.000 habitantes: Sanlúcar de Barrameda acumula 2.197  hogares en exclusión social;  1.821 hogares; El Puerto de Santa María, 1821 y La Línea de la Concepción, 1437.
El 85% de los pobres se encuentran en estas localidades y el 92% del total de personas que padecen la exclusión social en la provincia.

CÁDIZ
La capital de la provincia destaca en el conjunto provincial igual que en anteriores informes; por la cantidad de personas vulnerables (32,37%), de las cuales aproximadamente el 60% se encuentran en situación de grave vulnerabilidad o muy desfavorecidas. Este sector, el de las personas muy desfavorecidas, representa casi el 20% de todos los habitantes de Cádiz capital y con un peso del 23% entre el conjunto de excluidos de la provincia.

Dicho de otro modo, en Cádiz capital: una de cada tres personas se encuentra en situación de vulnerabilidad; una de cada cinco padece una situación de grave vulnerabilidad y casi una de cada cuatro personas muy desfavorecidas en la provincia, vive en Cádiz capital.

 A juicio de la Apdha, “el paro y la precariedad laboral son las puertas de entrada a la situación de exclusión” ya que, según los datos del INEM “35.546 gaditanos perdieron su empleo este año, unos 3.000 al mes”.

   Cortés apuntó que el perfil de las personas en situación de “pobreza severa” son personas sin hogar, la población reclusa, mujeres que sostienen hogares monoparentales, discapacitados y enfermos mentales, las minorías étnicas, prostitutas, jóvenes, personas mayores e inmigrantes.

 Entre las razones de la “perpetuación de esta situación de pobreza y exclusión”, la asociación citó las dificultades de acceso a la vivienda, la “ausencia de un modelo de política económica para la provincia”, el “aislamiento de las políticas sociales de la Junta, la disminución paulatina del gasto social”, unas políticas de empleo “ineficaces” o la “ausencia de cajas de ahorro que actúen con criterios sociales”.

La exclusión “la podríamos definir como la no incorporación de las personas al proceso productivo (ni trabajan, ni son considerados consumidores), la incapacidad de acceso a los bienes (cultura, vivienda), aislamiento social (causado por desajustes individuales: padecer una toxicomanía, o por la desestructuración familiar) y la no participación en la convivencia social (desajustes sociales)”.

En definitiva, para la Apdha se cataloga la exclusión “como la pérdida de capacidad para el ejercicio de la ciudadanía y de la participación, a lo que hay que añadir las carencias materiales”.

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