El PP ha puesto en cuestión en el Congreso la labor del Tribunal de Cuentas al vigilar los contratos de material anticovid firmados en la pandemia, llegando a afirmar que la institución se ha dedicado a "blanquear irregularidades groseras" e incluso a "dar la enhorabuena" a sus autores.
Así lo ha señalado el portavoz del PP, José Vicente Marí, tras escuchar la intervención inicial de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, en la primera jornada de la comisión de investigación del Congreso sobre la contratación de emergencia durante la pandemia.
Según ha remarcado Chicano, sus fiscalizaciones han sido "extensas, técnicamente fiables y rigurosas" realizadas por "cientos de servidores públicos, auditores, letrados y funcionarios de todo tipo". Mientras se realizaron fiscalizaciones, las Cortes renovaron el Tribunal en 2021, pero el nuevo pleno hizo suyo el trabajo de sus antecesores y los siete informes se aprobaron por unanimidad.
REVISIÓN DEL 83% DEL DINERO CONTRATADO
En el caso de la contratación de emergencia sus exámenes se ciñen a contratos de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia del coronavirus. En eso meses se firmaron 13.211 contratos de emergencia por un importe de 2.129 millones de euros y el Tribunal de Cuentas ha analizado 1.328 contratos que suponen el 83% del importe total de las adjudicaciones realizadas.
Tras sus más de 2.600 páginas de análisis de la contratación de emergencia, el Tribunal de Cuentas concluyó que, al margen de "una serie de deficiencias e irregularidades que constan en los informes, con carácter general, la utilización de la tramitación de emergencia resultó ajustada a derecho y, también con carácter general, los precios respondieron al comportamiento normal del mercado en esas fechas".
Eso sí, Chicano ha querido dejar claro que el Tribunal de Cuentas es parte del entramado constitucional, pero no es un órgano antifraude ni anticorrupción.
Pero el portavoz del PP, José Vicente Marí considera que el Tribunal de Cuentas, "en lugar de poner luces rojas en las prácticas que pudieran suponer fraude o corrupción, se dedicó a poner luces verdes y a dar la enhorabuena y a blanquear las situaciones irregulares".
EL BORRADOR QUE FUE REVOCADO
Y se ha remitido al borrador de uno de los informes del tribunal de Cuentas, que examinó contratos de Sanidad y de Transportes, subrayando que en uno de esos contratos, de 32 millones, se dice que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, no podía aplicar la contratación de emergencia porque era relativo a la gripe estacional.
En su opinión, eso demuestra que ese contrato fue "inválido", y tiene su relevancia porque implica 32 de los 87 millones que firmó Sanidad. Para José Vicente Marí, ese borrador de informe pone de manifiesto "irregularidades groseras" por parte de la Administraciones y la voluntad del Tribunal de "blanquearlas" optando por una "redacción tendente a dulcificar" las cosas, sin abrir ningún expediente de responsabilidad contable. "Entenderá que los ciudadanos se pregunten ¿para qué sirve el Tribunal de Cuentas?", ha remachado.
La presidenta ha replicado que aquel borrador que dirigió el consejero Javier Morillas se desechó en el trámite de alegaciones y se optó por otra redacción que al final fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Tribunal, incluyendo el autor del proyecto.
También ha negado que el borrador de informe se hubiera bloqueado, sino que se quita de agenda porque en esos momentos se estaba en plana campaña electoral y, conforme a su costumbre, el tribunal evita aprobar informes políticos en época electoral.
