Para EA, el derribo de Las Beatillas debe ser el proceso para restaurar la legalidad
Confirman que es una satisfacción que lo alto del tribunal asegura que la orden no se puede tachar de desproporcionada
Ecologistas en Acción (EA) recibe con buena satisfacción la sentencia del Tribunal Supremo que ha dado su visto bueno a la demolición del macrocomplejo turístico Las Beatillas, indican mediante comunicado de prensa, “construido ilegalmente en un Sistema General de Espacios Libres (SGEL) y sin licencia de obras. El TS ha puesto las cosas en su sitio, diciendo lo único que podía decir, que Las Beatillas es una edificación ilegal e ilegalizable, lo que ha mantenido la Junta de Andalucía a lo largo de todos estos años con el único apoyo de EA”.
Confirman que es “una satisfacción que lo alto del tribunal asegure uqe la orden de demolición no se puede tachar de desproporcionada sino antes bien de ejemplar”. Así mismo, destaca la evidente vulneración y fraude a la legalidad el hecho de que en unos terrenos destinado al SGEL “se construyeron un palacio de congresos de planta baja más subterráneo, un restaurante de 284 metros cuadrados, cinco pistas de pádel con vestuarios y duchas, una carpa de 700 metros cuadrados, un parque infantil, un aparcamiento y una urbanización de 11.684 metros cuadarados”, como indicara este medio, “con una licencia para restaurar un cortijo”. También creen de suma importancia que se determine, en relación con los perjuicios a los que siempre aluden los constructores ilegales con las órdenes de demolición, “que son los responsables de las obras los que se han colocado en dicha situación”. El TS llega a calificar Las Beatillas de “un alarde de antijuricidad urbanística. Más claro, agua”.
Recuerdan que, aunque los partidos políticos presentes en el Ayuntamiento “intenten escurrir el bulto, su responsabilidad en este escándalo urbanístico es evidente”. Así, destacan que “IP dejó que se construyera a sabiendas de que era ilegal, y ante su negativa de expedientar a Jale y ordenar la demolición, la Junta le retiró las competencias urbanísticas: el PSOE gobernó con IP y no sólo no exigió en el pacto de Gobierno el cumplimiento de la ley con el derribo sino que apoyó su legalización al suscribir una propuesta del PP de 2006 en este sentido, que contó, para vergüenza pública, con el apoyo de todos los partidos con representación municipal. En la defensa de los complejos urbanísticos ilegales siempre hay acuerdo entre PP y PSOE”, señalan.
EA entiende que la demolición de Las Beatillas debe llevarse a cabo sin demora, pues ya ha pasado más de una década desde que se construyera ilegalmente, y debe significar el inicio de una nueva política urbanística en El Puerto que imponga el cumplimiento de la legalidad como lo normal y el incumplimiento como lo excepcional, abriéndose un proceso de restauración de la legalidad urbanística.
Confirman que es “una satisfacción que lo alto del tribunal asegure uqe la orden de demolición no se puede tachar de desproporcionada sino antes bien de ejemplar”. Así mismo, destaca la evidente vulneración y fraude a la legalidad el hecho de que en unos terrenos destinado al SGEL “se construyeron un palacio de congresos de planta baja más subterráneo, un restaurante de 284 metros cuadrados, cinco pistas de pádel con vestuarios y duchas, una carpa de 700 metros cuadrados, un parque infantil, un aparcamiento y una urbanización de 11.684 metros cuadarados”, como indicara este medio, “con una licencia para restaurar un cortijo”. También creen de suma importancia que se determine, en relación con los perjuicios a los que siempre aluden los constructores ilegales con las órdenes de demolición, “que son los responsables de las obras los que se han colocado en dicha situación”. El TS llega a calificar Las Beatillas de “un alarde de antijuricidad urbanística. Más claro, agua”.
Recuerdan que, aunque los partidos políticos presentes en el Ayuntamiento “intenten escurrir el bulto, su responsabilidad en este escándalo urbanístico es evidente”. Así, destacan que “IP dejó que se construyera a sabiendas de que era ilegal, y ante su negativa de expedientar a Jale y ordenar la demolición, la Junta le retiró las competencias urbanísticas: el PSOE gobernó con IP y no sólo no exigió en el pacto de Gobierno el cumplimiento de la ley con el derribo sino que apoyó su legalización al suscribir una propuesta del PP de 2006 en este sentido, que contó, para vergüenza pública, con el apoyo de todos los partidos con representación municipal. En la defensa de los complejos urbanísticos ilegales siempre hay acuerdo entre PP y PSOE”, señalan.
EA entiende que la demolición de Las Beatillas debe llevarse a cabo sin demora, pues ya ha pasado más de una década desde que se construyera ilegalmente, y debe significar el inicio de una nueva política urbanística en El Puerto que imponga el cumplimiento de la legalidad como lo normal y el incumplimiento como lo excepcional, abriéndose un proceso de restauración de la legalidad urbanística.
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