Andalucía

Caso ERE: un centenar de piezas pendientes mantienen el caso 'vivo'

Este caso judicial declarado de especial complejidad, instruido inicialmente por Mercedes Alaya, fue dividido luego por la jueza Bolaños en tres grandes partes

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  • La sentencia de los ERE condenó a 19 altos cargos de los gobiernos socialistas, entre ellos los ex presidentes Chaves y Griñán. -

Los fallos del Constitucional que han exonerado a condenados por el fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo de Andalucía apuntan a que la sentencia de la pieza política quedará prácticamente en nada, pero un centenar de piezas separadas todavía pendientes mantienen 'viva' en los tribunales esta macrocausa trece años después de iniciarse.

Este caso judicial declarado de especial complejidad, instruido inicialmente por Mercedes Alaya, fue dividido luego por la jueza María Núñez Bolaños en tres grandes partes, referidas al diseño del procedimiento de subvenciones, las sobrecomisiones y sobre cada ayuda sociolaboral o directa concedida a empresas o entidades, lo que suponía entonces abrir unas 200 piezas, una por cada ERE.

Distintos abogados defensores, a raíz de la excarcelación de sus clientes esta semana, han trasladado que el reciente posicionamiento de la corte española de garantías sobre la llamada pieza política -en la que fueron condenados los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, exconsejeros y ex altos cargos- afectará sin duda al devenir de esas causas por enjuiciar, incluso con el carpetazo definitivo a muchas de ellas.

Pese a lo que algunos han considerado un "revulsivo", en referencia a la nueva interpretación dada por el Constitucional frente a las condenas mantenidas hasta ahora por la Audiencia de Sevilla y el Supremo en el denominado 'procedimiento específico', lo cierto es que hasta principios de junio el caso de los ERE acumulaba en la vía penal 134 piezas por resolver en los juzgados y 17 sentencias con condenas.

134 piezas por resolver

De acuerdo al último balance facilitado a EFE por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, existen un total de 73 procedimientos -piezas separadas- en trámite en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, de los que 41 están en fase de instrucción de diligencias previas y 32 restantes en fase intermedia, tras haberse dictado el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.

Hay también 61 procedimientos terminados por elevación a la Audiencia de Sevilla para enjuiciamiento, de los que 17 ya han sido juzgados y sentenciados.

Son los procedimientos específicos Acyco, Novomag, ayudas a empresas del corcho, Picos Yeye, Nerva Croissant, Industrias Elizana, Escayolas Saavedra, Carpintería Pérez y Fuentes, Gálvez Peluqueros, Ayuntamiento de Guarromán, chófer de Guerrero, Plantas y Flores Castejón, Elaborados Cárnicos Andaluces, Hotelera Comar, Edm Séneca, y Aerosur.

Otros tres procedimientos están pendientes de sentencia tras la celebración del juicio (Surcolor, Ayuntamiento de Los Palacios y pólizas individuales), mientras que la vista oral más reciente se celebró en la Sección Tercera de la Audiencia por las ayudas a Tartessos Car.

Más de medio millar de investigados

La complejidad de estas piezas hace difícil precisar un número concreto de investigados, aunque inicialmente en la macrocausa superaba el medio millar de personas, cifra que ha variado por archivos o fallecimientos de los encausados, y el de piezas archivadas o sobreseídas desde el inicio del procedimiento.

Aunque las últimas decisiones del Constitucional, al "borrar" los delitos de prevaricación y malversación en la pieza política, tengan mayor o menor impacto en todo lo que sigue pendiente, lo cierto es que tres lustros después de la denuncia que motivó el arranque de la investigación, el caso de los ERE esta todavía lejos de concluir en los tribunales por todas esas piezas separadas.

Unos procedimientos 'vivos' que prevén nuevos y numerosos capítulos judiciales al margen de la ya 'enmendada' pieza política de los ERE, por la creación y mantenimiento de un presunto sistema ilegal para el reparto 'arbitrario' de subvenciones, que se prolongó más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. 

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