Entidades sociales y organizaciones especializadas en proteger los derechos de la infancia y de los migrantes valoran positivamente que el Gobierno plantee una reforma legal para el reparto corresponsable de los menores que llegan a España solos pero piden más garantías para su protección.

Bajar el porcentaje de ocupación a partir del cual se empieza a trasladar a los jóvenes o establecer una tutela temporal los primeros días desde la llegada del menor son algunos de los extremos que consideran fundamentales incluir en este cambio de la Ley de Extranjería.

La actual reforma plantea modificar el artículo 35 de la norma para establecer que, cuando los recursos de acogida de una comunidad estén por encima 150 % de su capacidad, los menores se deriven a otras regiones del país en función de criterios acordados en 2022 con las comunidades autónomas, como el PIB o la población.

Esta propuesta fue diseñada por el Gobierno central y el de Canarias, ha sido presentado a los grupos políticos y el próximo miércoles, 10 de julio, se consultará con las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Santa Cruz de Tenerife.

Entidades sociales y organizaciones como Acnur, Unicef, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o Save The Children valoran positivamente que se busquen soluciones estables que garanticen un reparto corresponsable de los jóvenes en todo el territorio, pero algunas de ellas han planteado dudas al respecto.

El director de Save The Children, Andrés Conde, señala, en declaraciones a EFE, que una de ellas es que, tal y como está concebida, la reforma "asume una sobreocupación del 50 % como algo normal", cuando la saturación siempre lleva a "condiciones inadecuadas".

 "Cuando algo está el 150% de su capacidad está mal, entonces asumir esa sobreocupación como algo normal y por ley nos parece que nos es lo correcto", explica.

Un "limbo" para el menor en los primeros 15 días

Otro de los problemas de los que advierte Conde es que la reforma establece, según él, un "limbo" para los menores durante los primeros 15 días desde su llegada, en los que los jóvenes permanecerán a la espera de ser trasladados a otras comunidades autónomas.

En su opinión, el texto debe garantizar una tutela temporal para esos primeros días, que podría recaer en el Ministerio de Juventud e Infancia, para que los jóvenes no pasen días sin tutor legal.

Además, considera fundamental establecer un mecanismo para "escuchar a los menores y valorar su situación" en ese primer momento, con el fin de determinar cuestiones como si el joven tiene familia en España y en qué comunidad autónoma, lo que debería ser tenido en cuenta para decidir a dónde es trasladado.

El director de CEAR, Mauricio Valiente, también señala a EFE que apoya la creación de este mecanismo y coincide en que "el aspecto más delicado" de la reforma es lo que tiene que ver con los primeros días de recepción de los jóvenes antes de su posible traslado.

Un momento crucial para el que también considera que la ley debería contemplar "un operativo que atendiera el conjunto de los derechos de estos menores".

Por su parte, la Plataforma de Infancia, que agrupa a más de 70 organizaciones, también ha valorado "positivamente" una reforma de la Ley de Extranjería en este sentido, pero coincide en que esta "plantea ciertas incógnitas".

En un comunicado, insiste que la reforma debe contemplar la guarda provisional para todos los niños y niñas no acompañados y su ingreso inmediato en un recurso residencial del sistema de protección, permitiéndoles participar en las actividades previstas junto al resto.

También la asignación "ágil" de un abogado para la defensa de los intereses del menor y para garantizar el derecho de estos niños y niñas a ser escuchados en todas las decisiones que se tomen, incluida la de a qué Comunidad Autónoma van a ser trasladados.  

Considera que la reforma debe garantizar una evaluación preliminar de las necesidades de cada joven antes del traslado para identificar posibles riesgos y necesidades, con especial atención a aquellos que requieran protección internacional.

Y una garantía de que la declaración de desamparo y constitución de la tutela no podrá exceder los 30 días desde la entrada en el territorio, independientemente de que el menor vaya a ser trasladado a otra comunidad.

La "polémica partidista" sobre los menores, un problema para su integración

Esta reforma legal y el potencial apoyo que pueda obtener del PP ha centrado buena parte del debate político en las últimas semanas, algo que para Andrés Conde, de Save The Children, es muy perjudicial: "Que estos menores salgan de la polémica partidista es muy importante para su protección, esto no les ayuda nada", ha lamentado.

"Creemos que los partidos tienen que negociar, por supuesto, pero, por favor, que lo hagan de la manera más responsable y más consciente posible porque el debate sobre estos menores en la esfera pública acaba poniéndoles en riesgo", explica.

En su opinión, las "polémicas" creadas en torno a ellos alimentan ciertos "estigmas" que después les lleva a tener problemas en su integración: "y, sinceramente, no lo merecen", asegura Conde.