Por si no fuera suficiente con el
reciente informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) -que advertía de la situación del Ayuntamiento de Jerez era “particularmente preocupante” porque su “situación de riesgo de sostenibilidad empeora año a año”-
el Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (Ilece) viene a ahondar aún más en la llaga.
El documento, elaborado por la
Fundación para el Avance de la Libertad, advierte de que
Jerez “suspende en todas las áreas” analizadas y, a pesar de haberse observado “una cierta subida sostenida a lo largo de estos últimos años”,
en líneas generales “sigue presentando un panorama desolador”.
Ese diagnóstico
es fruto fundamentalmente del “fuerte endeudamiento que aún arrastra” el Consistorio, que hace que su desempeño económico se vea “lastrado”. Por si fuera poco,
“la ciudad no logra atraer la suficiente actividad empresarial” para compensar esa circunstancia, un objetivo que se antoja aún más complicado si cabe si se tiene en cuenta que a juicio de la Fundación para el Avance de la Libertad
“todos los impuestos municipales son excesivos” en comparación con los de otros municipios.
El Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas analiza la realidad de medio centenar de ayuntamientos españoles. Jerez ocupa el puesto número 43, con 47,32 puntos. El resultado es mejor que el del año anterior, cuando estaba en el puesto 49 con 44,19 puntos. Sin embargo, el estudio deja claro que esta “mejora de puestos se debe en gran medida al desplome de otras ciudades” y no a una evolución positiva.
En el caso concreto de Jerez,
el informe recomienda “desmunicipalizar servicios” y también
advierte de que “la plantilla debe contenerse”, dos estrategias que de momento no parecen estar sobre la mesa del Gobierno local.
Con carácter general, la Fundación para el Avance de la Libertad
aboga por “desmunicipalizar y externalizar los servicios esenciales, sobre todo los más importantes, para que los vecinos se beneficien de su ejecución por parte de empresas profesionales y especializadas, e introducir todos los elementos posibles de competencia por zonas o periodos o mediante otros mecanismos, introduciendo criterios de comparación efectiva”.
Al mismo tiempo, se
apuesta por “cerrar o poner en venta empresas municipales”. “El Ayuntamiento, como cualquier otro nivel del Estado, nunca puede ser un buen empresario al no darse los incentivos económicos necesarios. Con dinero ajeno, la inversión siempre es diferente que cuando uno se juega su propio capital. Estas empresas públicas son además, frecuentemente, focos de opacidad cuando no de nepotismo o incluso de casos de corrupción”, añade el informe.
Por último,
se anima a “evitar toda forma de injerencia municipal en la economía, y especialmente las normas que persiguen perjudicar formas emergentes de interacción económica, sobre todo en la economía colaborativa”. “Es en particular muy lamentable que algunos ayuntamientos, llevados por posiciones ideológicas o por la influencia de algunos lobbies, estén limitando el desarrollo del transporte, del alojamiento y de otras formas de interacción directa entre particulares mediante las plataformas tecnológicas que lo facilitan”, concluye.
