Una nueva rescisión de contrato a una subcontrata de la multinacional de ingeniería y consultoría Ayesa ha provocado el cierre de la empresa aunque en esta ocasión, a los trabajadores no les han comunicado nada, ni el fin de la actividad ni sus despidos, por lo que se encuentran en un “limbo legal”, según ha denunciado UGT, que va a poner el caso en conocimiento de la Inspección de Trabajo ante la situación de indefensión en la que se han quedado una treintena de empleados.
En esta ocasión, siguiendo el mismo procedimiento que ya ocurriera con Smart Servicios Avanzados SL que denunció ASC, ha sido la empresa Fuentiérrez la recibió la comunicación por parte de la filial de Ayesa Atech BPO de que rescindía el contrato mercantil, por lo que la empresa “ha cerrado sus oficinas sin realizar ninguna comunicación a los trabajadores y las trabajadores”, denuncia UGT, apuntando que han dejado “a las personas que tenía subcontratadas en Atech BPO en un limbo”.
Miguel Marín, delegado sindical de UGT en Ayesa, ha explicado a Viva que “al no haber recibido una comunicación de despido de ningún tipo, estas personas se ven obligadas a seguir yendo a trabajar, porque de lo contrario la empresa podría con posterioridad remitirles una comunicación de despido disciplinario por ausencia injustificada”.
Ante este “limbo” laboral en el que se encuentran, el sindicato pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo la situación de ilegalidad en la que se encuentran y advierte Marín de que “se da la circunstancia de que Ayesa les está retirando los portátiles y material de trabajo que tenían cedidos, y seguramente, a partir de algún momento, les impedirá el acceso a sus oficinas”.
Tanto los subcontratados por parte de esta compañía, Fuentiérrez, como los que han sido despedidos por parte de Smart al finalizar el contrato de prestación de servicios de consultoría para Ayesa Atech BPO, realizaban su trabajo en la sede de la filial de Ayesa en el parque empresarial La Vega, en Camas, según Marín.
Además, UGT denuncia que, en el caso de Fuentiérrez, tiene una única apoderada, Elena Moreno García, “que a su vez es apoderada de empresas del grupo Clever, curiosamente con misma residencia fiscal que Fuentiérrez”, B91723478, como ha podido observar el sindicato en las cuentas anuales de la compañía.
En el caso del Grupo Clever, cuyo accionista mayoritario es Fernando Gutiérrez Huerta, al igual que de Fuentiérrez, también ha mantenido relaciones contractuales con Ayesa, en este caso, con la filial AT, con sede en Cartuja, y bajo la fórmula jurídica de UTE (unión temporal de empresas), con la que se hicieron en 2012 con el servicio de atención telefónica 010 del Ayuntamiento de Sevilla por un millón de euros, que abarcaba tanto al Consistorio como a las empresas municipales Emasesa, Emvisesa, Lipasam y Tussam.
La propia Ayesa define en su web a Atech BPO en el apartado de “procesos de negocio externalizado”, donde apuntan que su “especialización son los proyectos en los que además de aportar el equipo humano, lo complementamos con herramientas BPM y RPA para ofrecer una mejor calidad de servicio y precios más competitivos”.
“Somos el back office de procesos como la facturación y el cobro, gestión de reclamaciones o contratación de servicios, pero también el front office en relación directa con el cliente tanto en la emisión por diferentes canales, como en la atención a los mismos para campañas de venta, atención y soporte de primer nivel en varios sectores y disciplinas”, aseguran.
Parte de estos servicios se llevan a cabo a través de subcontratas, como es el caso de Smart o de Fuentiérrez, este último caso con un nivel de precariedad que les deja sin empresa pero también sin despido. “Así actúan Ayesa y las empresas satélites creadas para precarizar las condiciones de los trabajadores -creando trabajadores de “primera” (empresa matriz), de segunda (subcontratados y ETT) y de tercera (becarios), en virtud de los salarios y de las condiciones laborales- para impedir “el contagio sindical” en Ayesa, para dividir a los trabajadores y, fundamentalmente, para que los empresarios amasen cada día más riqueza a costa del empobrecimiento de los trabajadores”, denunciaba el sindicato ASC.
