Durante las vacaciones, los fines de semana y los días festivos se cometen un mayor número de asesinatos por violencia de género, según un análisis de la Fiscalía General del Estado que pone de relieve la incidencia de los momentos de mayor convivencia y relación social y familiar en los crímenes machistas.

En su memoria anual relativa a 2023 y hecha pública este jueves, el ministerio fiscal indica que una de las razones que explican la concentración de feminicidios es la intensificación de la convivencia en los periodos vacacionales (los meses de verano y Navidad, pero también los fines de semana y los días festivos).

El 38,5 % de los asesinatos machistas perpetrados entre 2021 y 2023 se cometieron en fines de semanas o días festivos, frente a un 61,5 % en días laborables.

La Fiscalía tuvo conocimiento en 2023 de 59 feminicidios y de otros 66 hechos graves de violencia de género, de los que 45 podrían ser constitutivos de intento de feminicidio.

La nacionalidad como factor de riesgo

Este año, la Fiscalía ha puesto el foco en la nacionalidad y la situación administrativa de las víctimas de violencia de género como una realidad a la que deben dedicarse políticas públicas más adecuadas.

El 40 % de las mujeres asesinadas en 2023 por sus parejas o exparejas habían nacido en otro país, lo que implica una tasa de 8,32 por millón de mujeres extranjeras residentes en España, frente a la tasa de 1,68 por millón de mujeres españolas. "La extranjería puede ser considerada como un factor de riesgo añadido", incide el ministerio público.

Fueron más las víctimas mortales extranjeras que habían denunciado (44 %) que las españolas (14,7 %). Sin embargo, ese dato contrasta con el número global de denuncias por violencia de género: las españolas interpusieron el 65,22 % y las extranjeras, el 34,78 %.

El hogar no es un lugar seguro

En su análisis de 2023, la Fiscalía precisa que tres de cada cuatro víctimas de feminicidio fueron asesinadas en su casa o en la del agresor, lo que evidencia que el domicilio "no es un lugar seguro" para ellas.

En cuanto al método de comisión del crimen, en el 50 % de los asesinatos se utilizó un arma blanca; en el 19 %, armas de fuego; en el 13,79 % las víctimas fueron estranguladas y en el 12 %, golpeadas.

Protección desigual

El ministerio fiscal vuelve a evidenciar las "importantísimas diferencias" que existen entre los territorios a la hora de conceder medidas de protección de las víctimas, que "podrían evidenciar un trato desigual", y solicita un "estudio cualitativo profundo" para conocer las causas y adoptar las medidas necesarias para ofrecer la misma respuesta en todas las regiones.

Las comunidades que registraron mayor porcentaje de concesión de medidas de protección fueron Aragón (86 % de las solicitadas), Baleares (84 %), Murcia (81 %), Comunitat Valenciana (80 %), Extremadura (79 %), Canarias y País Vasco (ambas con un 78 %).

En el otro extremo, los menores porcentajes de adopción de medidas se dieron en Madrid y Cataluña (47 %), Cantabria (65 %) y Galicia (67 %).

Un panorama "desolador"

El ministerio público se muestra muy crítico con el despliegue y dotación de las unidades de valoración forense integral, instrumento clave para evaluar el riesgo de las víctimas y sus hijos y que sufre un "mal endémico a nivel nacional".

"El panorama que plasman los y las fiscales en sus memorias es desolador, teniendo como reivindicación generalizada el aumento de personal de las unidades allí donde existen, destacando el incremento de la carga de trabajo al sumarse la emisión de informes por delitos de naturaleza sexual y la práctica de pruebas preconstituidas que no se ha visto reflejado en un incremento de plantilla de las referidas unidades", se lee en la memoria.

La Fiscalía denuncia que esa falta de personal repercute en la prestación del servicio, lo que llega a derivar en el desistimiento de los informes solicitados para evitar "dilaciones inasumibles" en los procedimientos judiciales.

Recuerda que en Tenerife, Valladolid, León y Navarra no existen estas unidades y pone de relieve que sólo la Comunitat Valenciana y algunas provincias de Andalucía están dotadas de suficientes recursos materiales y personales para ejercer su trabajo.

En 2023, informa la Fiscalía, se incoaron 217.857 asuntos por violencia de género, un 3,4 % más que el año anterior. Los asuntos de maltrato machista relativos a menores llevaron a incoar 807 diligencias preliminares, un incremento del 9,91 %.

De las 54.988 sentencias dictadas, el 84 % fueron condenatorias y el 15,95 %, absolutorias. A este respecto, el ministerio público señala que la mayoría de absoluciones se debieron a que las víctimas se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar contra sus maltratadores o a que matizaron el relato inicial o dijeron no recordar los hechos.

Otro de los datos aportados por la memoria es la población reclusa que cumple condena por violencia de género: el 12 % de los internos de las cárceles españolas son maltratadores de mujeres (5.074 de 42.169 presos varones).

Por último, detalla que las sentencias condenatorias por denuncias falsas en el ámbito de la violencia de género se limita al 0,0084 % para el periodo que abarca desde el año 2009 al 2023.