Según una nota de prensa emitida por la Asociación de perjudicados por la silicosis de Andalucía (APSA), durante la Comisión de Empleo del 11 de septiembre de 2024, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, habría cometido errores o incluso mentido en su respuesta a la diputada Olga Manzano, quien preguntaba por la Proposición No de Ley (PNL) aprobada el 14 de junio de 2023 sobre la formación profesional destinada a trabajadores con silicosis para su reubicación laboral. Además, Manzano había solicitado información sobre el nombramiento de un miembro de la Consejería que formaría parte de la Mesa de Trabajo Permanente de la Silicosis, tal y como se acordó en la reunión del 10 de julio de 2024.

Según APSA, la consejera habría comenzado su intervención con una afirmación errónea al decir textualmente que “el abordaje integral de esta enfermedad compete a la autoridad sanitaria”. La asociación asegura que la silicosis es una enfermedad profesional, adquirida en el entorno laboral, por lo que su competencia corresponde a la Consejería de Empleo, encargada de velar por la seguridad de los trabajadores en las empresas. Añaden que, según el antiguo programa PISA, tanto la Consejería de Salud como la de Empleo comparten responsabilidades en este ámbito.

La nota de APSA señala que efectivamente, tal como indicó Blanco, la asociación mantuvo una reunión el 13 de febrero de 2024 con Luis Roda, director general de Empleo, y el coordinador de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, en la que se les informó de la existencia de fondos para la formación de trabajadores con silicosis. Según APSA, en esa reunión se mencionó que una empresa sería contratada para realizar un estudio de viabilidad sobre la formación adecuada en diferentes zonas, y se identificaron tres áreas prioritarias: Olula del Río (Almería), Montemayor (Córdoba) y Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Más adelante, APSA detalla que en mayo de 2024, en una conversación telefónica con el coordinador de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, se les informó de que la contratación de la empresa encargada de desarrollar el estudio ya se había sacado a concurso, y que en cuanto se adjudicara, la empresa se pondría en contacto con ellos para elaborar el plan de formación profesional adecuado.

El 4 de junio de 2024, APSA recibió un correo electrónico, al que respondieron el 17 de junio. En dicha respuesta, dirigida a el coordinador de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, indicaron que se trataba de alrededor de 250 afectados en Andalucía, repartidos principalmente en Córdoba, Almería y Cádiz, aunque en los últimos dos años las mayores incidencias se habían registrado en Málaga y Sevilla. APSA propuso un plan de formación que incluyera a personas con distintos grados de silicosis, diferenciando entre aquellos que ya tienen reconocida la Incapacidad Permanente Total (IPT), los que aún no la tienen, y los trabajadores expuestos al riesgo de contraer la enfermedad tras más de cinco años en marmolerías.

El informe de APSA explica que los afectados por silicosis se dividen en varios rangos de edad: el 29,8 % tiene entre 30 y 40 años, el 46,8 % tiene entre 40 y 50 años, y el 25,5 % son mayores de 50 años. La mayoría de estos trabajadores carecen de formación académica y dejaron la escuela primaria antes de cumplir los 16 años para trabajar en marmolerías de forma irregular.

APSA sugirió que la formación se imparta en zonas accesibles para los afectados, tales como Montemayor, Olula del Río, Chiclana de la Frontera, Málaga y Sevilla, y subrayó que los trabajadores estarían dispuestos a desplazarse hasta 30 kilómetros para recibir dicha formación. Además, la asociación destacó que ya existía suficiente demanda en Montemayor para desarrollar dos cursos de 15 alumnos cada uno.

Sin embargo, según la nota de prensa, Rocío Blanco habría afirmado en la Comisión de Empleo que "resultaba difícil elaborar un plan formativo específico debido a los diferentes perfiles de los afectados y la presencia de solo 2 o 3 personas en ciertas localidades". APSA niega estas afirmaciones y asegura que en localidades como Olula del Río existen muchas poblaciones cercanas con numerosos afectados. Asimismo, recalca que en Chiclana de la Frontera hay más de 140 afectados, y en Montemayor, más de 100, con compromisos de contratación para aquellos que reciban formación en jardinería y mantenimiento.

La organización critica que Blanco mencionara en la Comisión una cifra de 250 afectados, ya que, según los datos de tres organismos oficiales —el Instituto Nacional de la Silicosis, el Centro de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y el Servicio Andaluz de Salud—, los afectados varían entre 128 y 1.034 casos, cifras muy alejadas de las mencionadas por la consejera.

APSA también argumenta que el antiguo PISA no incluía medidas de formación para los afectados por silicosis, a pesar de que esta era una necesidad conocida. La asociación insiste en la necesidad de desarrollar un nuevo programa PISA que incluya soluciones para los afectados y pregunta cuándo la Consejería decidió negar la formación a estos trabajadores, muchos de los cuales tienen una Incapacidad Permanente Total y reciben solo el 55 % de su base imponible como paga.

Finalmente, APSA acusa a la consejera de no conocer bien la problemática de la silicosis o de no tener la voluntad política de abordarla. La nota concluye señalando que desde 2008, cuando en Andalucía se empezó a detectar la silicosis causada por los aglomerados de cuarzo, no se han implementado medidas serias para frenar la aparición de nuevos casos.

Además, la organización denuncia que la consejera Blanco no respondió a la pregunta de Olga Manzano sobre el nombramiento de un representante de la Consejería en la Mesa Permanente de la Silicosis, tal y como se acordó en una reunión en el Parlamento andaluz el 10 de julio de 2024. APSA afirma que la Consejería aún no ha respondido a la solicitud de una reunión, enviada el 5 de agosto de 2024, para discutir las políticas sobre silicosis.