El 'Plan de acción por la Democracia' aprobado este martes por el Consejo de Ministros plantea crear un registro de medios de comunicación para conocer sus propietarios y la publicidad que reciben, promete aumentar la transparencia institucional y apuesta por perseguir la desinformación con reformas legales.

El proyecto, que incluye 31 medidas y que se plantea ejecutar en los tres años que quedan de legislatura, recoge medidas prometidas desde hace años a los socios parlamentarios, como la reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado u ofensas a los sentimientos religiosos, o la actualización de la ley de secretos oficiales.

El objetivo, ha manifestado en la rueda de prensa del Consejo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, es ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del "ecosistema informativo"; y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.

Entres las propuestas novedosas, se plantea diversas reformas legales para establecer la obligación de celebrar anualmente el debate del estado de la nación, celebrar también debates electorales o publicar todos los microdatos de las encuestas electorales.

Transparencia en los medios

En el área de los medios de comunicación, el Gobierno quiere que se deba publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas y reformar la Ley de Publicidad Institucional para introducir "criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación", garantizar sistemas imparciales de medición de audiencias y apoyar a los medios en lenguas cooficiales.

Apuesta por limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, "para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas", y revisará además el marco regulatorio para "garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación".

Entre las reformas previstas en ese área propone también reformar la ley de secreto profesional de los periodistas y también el artículo de la llamada ley mordaza que sanciona el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Contra la desinformación

El plan incluye aprobar una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación y reformar la ley del derecho al honor y a la intimidad y la ley del derecho de rectificación, para mejorar el sistema que permite rectificar noticias "falsas o abiertamente tendenciosas", con indemnizaciones y plazos adecuados.

En este apartado se incluye la reforma de los delitos del Código Penal que pueden afectar a la libertad de expresión, en concreto los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público.

Junto al programa de 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios, se dotará a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación.

El 'Plan de acción por la democracia" incluye una treintena de medidas para impulsar la transparencia de las administraciones públicas y de los medios de comunicación que implican aprobar nuevas normas y reformar numerosas leyes vigentes, desde la que regula la publicidad institucional a la ley electoral.

Estas son las principales medidas incluidas en el plan:

Ampliar la información gubernamental

- Aprobar una nueva Estrategia de Gobierno Abierto y enviar a las Cortes un proyecto de ley de Administración Abierta para reforzar la transparencia y los controles sobre los cargos públicos, en especial en materia de conflictos de interés.

- Establecer una obligación legal de rendir cuentas cada seis meses para todas las administraciones.

- Aprobar una estrategia contra la corrupción, crear la Autoridad independiente de protección del informante y ampliar la plantilla de la Fiscalía para luchar contra la corrupción pública y privada.

- Reformar la ley de secretos oficiales.

- Celebrar en Vitoria la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño de 2025.

Transparencia y pluralidad en el "ecosistema informativo"

- Crear un registro de medios de comunicación con información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.

- Obligación de publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas.

- Reforma de la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de proporcionalidad y no discriminación, garantizar sistemas de medición de audiencia transparentes y apoyar a los medios en lenguas oficiales diferentes del castellano.

- Limitar la financiación de las administraciones públicas a los medios, para que no haya medios impulsados o dependientes de ellas.

- Impulsar la ley de secreto profesional de los periodistas y trasponer la directiva que les protege de acosos externos

- Reformar el artículo 36 de la denominada 'ley mordaza', que castiga el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

- Revisar el marco regulatorio para garantizar el pluralismo y evitar la concentración de los medios de comunicación.

- Aprobar una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.

- Reformar la ley de protección al honor y la intimidad y la ley que regula el derecho de rectificación.

- Reforma de los artículos del Código penal que limitan la libertad de expresión, como los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público.

- Programa dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios

- Reformar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación.

- Crear una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación.

Reglas para el poder legislativo y el sistema electoral

- Reforma del Reglamento del Congreso para fijar la obligación de celebrar anualmente el debate sobre el estado de la nación.

- Reformar la ley electoral para establecer la obligación de celebrar debates electorales y de publicar los microdatos de las encuestas.

- Reforzar las sanciones para los diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes o den información falsa o incompleta.

- Aprobar una ley de grupos de interés con un código de conducta durante el proceso legislativo.

- Reforzar las sanciones a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada.