El Ministerio de Exteriores de China anunció este viernes que ha alcanzado, tras meses de negociaciones, un consenso sobre el manejo de las aguas contaminadas de la central nuclear de Fukushima Daiichi.
La Cancillería china informó a través de un comunicado el acuerdo, que incluye compromisos por parte de Japón para cumplir con el derecho internacional, minimizando los "impactos en la salud humana y el medio ambiente".
Además, se establecerá un mecanismo de monitoreo internacional bajo el paraguas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con participación activa de China y otros países interesados, permitiendo muestreos independientes y análisis comparativos de laboratorio.
Ambas partes, según la publicación de Exteriores, acordaron “mantener un diálogo científico y constructivo” para proteger el medio ambiente y la salud pública.
"Tras mantener reuniones de grupos de trabajo sobre este asunto, hemos alcanzado cierto nivel de entendimiento hoy", dijo este viernes el primer ministro japonés, Fumio Kishida, en unas declaraciones a los medios locales tras el anuncio del acuerdo.
El mandatario nipón detalló que China ha acordado reanudar la importación de productos marítimos japoneses "que cumplan los estándares de seguridad chinos" y "teniendo en cuenta la implementación de medidas adicionales de monitorización".
Preguntado sobre cuándo podría tener lugar la implementación del acuerdo, Kishida dijo que espera que sea "lo antes posible".
La planta accidentada por el terremoto y el tsunami de marzo de 2011 comenzó el pasado agosto a descargar en el Pacífico las grandes cantidades de agua procesada que se generan y almacenan en sus instalaciones, una medida que está siendo supervisada por el OIEA.
Esa agua es tratada mediante un complejo sistema de filtrado que elimina la mayor parte de los elementos radiactivos nocivos, menos el tritio (un isótopo nuclear presente en la naturaleza), antes de su almacenamiento en tanques para ser vertida.
Actualmente hay más de 1.000 tanques en los terrenos de la planta y se espera que su vertido, que ha despertado fuertes protestas de la vecina China y del sector pesquero nipón, se prolongue al menos durante 30 años.
