El macrojuicio por el colapso del Banco Espírito Santo (BES) y el conglomerado empresarial al que pertenecía comienza este martes en Lisboa, diez años después de la caída de la que fue la mayor entidad financiera privada del país.
Los ojos están puestos sobre todo en el expresidente de la entidad Ricardo Salgado, el principal implicado de un proceso que suma un total de 18 personas y 7 empresas acusadas de más de 300 delitos.
El caso se remonta a agosto de 2014, cuando el BES fue intervenido por el Banco de Portugal después de registrar pérdidas multimillonarias y de que se detectaran irregularidades en sus cuentas.
El banco fue utilizado para tapar la crítica situación financiera del Grupo Espírito Santo -que incluía diferentes actividades de negocio, desde seguros a agricultura y turismo, pasando por el sector financiero- y acabó por ser arrastrado por la caída de este conglomerado empresarial.
La Fiscalía calcula que los delitos cometidos por el grupo provocaron unas pérdidas que superan los 11.800 millones de euros.
El Campus de la Justicia de Lisboa será el escenario del juicio más mediático de las últimas décadas en Portugal, por el que aún hay unos 2.000 afectados tanto fuera como dentro del país a la espera de que se rindan cuentas.
El principal acusado es Salgado, de 80 años y que dirigió el BES entre 1991 y 2014, sobre el que recaen 62 cargos de delitos como asociación criminal, corrupción activa, falsificación de documentos, malversación y lavado de dinero.
Inicialmente eran 65 las acusaciones, pero tres prescribieron, como confirmó este mismo mes un tribunal.
La defensa de Salgado había solicitado que se suspenda o se archive el proceso en su contra debido a que padece Alzheimer, pero este lunes, a menos de 24 horas del inicio del juicio, los magistrados rechazaron la petición.
Entre el resto de acusados están el que fuera contable del Grupo Espirito Santo Francisco Machado da Cruz, los exadministradores del BES Almícar Morais Pires y Manuel Fernando Espírito Santo y la exdirectora del Departamento Financiero de la entidad Isabel Almeida.
También António Soares, exdirector de Novo Banco, la entidad creada para absorber los activos "buenos" del BES cuando el Banco de Portugal lo intervino.
Hay 1.994 personas clasificadas como víctimas por la caída del BES que todavía aguardan justicia, según cifras de la Asociación de Defensa de los Clientes Bancarios (ABESD), que reclama 330 millones de euros para estos afectados.
La ABESD ha convocado protestas para este martes en el Campus de la Justicia.
Muchos de estos afectados son clientes de las sucursales del BES en el extranjero, como fue el caso de muchos emigrantes en Venezuela y en países del África, y del Banco Prevée, en Suiza, que siguen en negociaciones con el Gobierno.
