Algunas de las causas de corrupción que a lo largo de los últimos años han protagonizado la actividad judicial en Andalucía, como los casos de los ERE, UGT, FAFFE o Astapa, han vuelto a marcar este 2024 buena parte de la actualidad informativa con pronunciamientos de tribunales de dentro y fuera de la comunidad.
El amparo concedido este verano por el Constitucional (TC) a los condenados por prevaricación y malversación más relevantes de la pieza política derivada del fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo, entre ellos los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, exconsejeros y ex altos cargos, ha supuesto la práctica exoneración respecto al denominado 'procedimiento específico'.
El TC anuló en concreto la condena de seis años de cárcel por malversación a Griñán y de otros ex altos cargos socialistas, y pidió una rebaja de la pena de nueve años de inhabilitación por prevaricación de Chaves.
Este posicionamiento de la corte española de garantías, que de forma mayoritaria en pleno otorgó ese amparo a algunos condenados por considerar que fue vulnerado su derecho a la legalidad penal, llevó a la excarcelación de casi todos los procesados que recurrieron al TC y que seguían en prisión por esta macrocausa.
Caso ERE: A la espera de nueva sentencia
No obstante, esta 'redefinición' por parte del Constitucional del fallo condenatorio por los ERE de la Audiencia de Sevilla -una resolución que luego confirmó el Supremo- sigue a la espera de la nueva sentencia que debe emitir precisamente el tribunal sevillano, una vez que -a raíz de la situación personal de algunos sus componentes- haya tenido que aclararse qué magistrados tienen que integrarlo.
Tras apuntarse incluso a la posibilidad de repetir el juicio y tras la consulta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó a finales de octubre obligar a una jueza, actualmente destinada en la Audiencia de Alicante y en excedencia voluntaria, a completar el tribunal.
Finalmente serán cinco magistrados, dos de ellas dictaron la primera sentencia de la Audiencia y los otros tres componentes de la Sección Primera, quienes redacten la nueva sentencia del caso ERE para cumplir lo decidido por el Constitucional.
UGT y FAFFE
Al margen del 'giro argumental' sobre esta macrocausa, que además mantiene pendientes todavía no pocas piezas separadas, otro caso relacionado con ayudas y subvenciones concedidas por la administración andaluza ha conllevado este 2024 la condena de la excúpula UGT en esta comunidad por financiar actividades propias del sindicato con fondos públicos destinados a formación de trabajadores y desempleados.
En concreto, el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla ha sido castigado con tres años de cárcel y multa de 50 millones de euros por delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, según la sentencia de la Audiencia de Sevilla que impone además condenas de entre tres años y seis meses de prisión a otros cuatro excargos del sindicato y absuelve a nueve acusados que actuaron como proveedores a través de sus empresas.
La sentencia, que va a ser recurrida por UGT Andalucía ante el Supremo tras su consideración como responsable civil subsidiario, habla de la "alarma social" que producen este tipo de actuaciones delictivas, sobre todo cuando son ejecutadas por agentes sociales como los sindicatos a los que se les conceden las subvenciones por su defensa precisamente de los intereses de empleados y parados.
También en la esfera de la administración andaluza se ha situado el nuevo juicio contra el que fuera director de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) Fernando Villén, ya condenado antes por pagos ilícitos en prostíbulos, y que este año ha afrontado un nuevo juicio, junto al exalcalde de Lebrija Antonio Torres, por la supuesta contratación irregular del que fuera regidor de esa localidad sevillana en esta entidad.
La Fiscalía Anticorrupción mantuvo durante el juicio que la FAFFE se había convertido en un "lugar para el enchufismo" y "colocar afines" al poder de entonces, y censuró que "nunca" dispusiera de un procedimiento para la selección de personal que tuviera en cuenta los principios constitucionales de mérito, capacidad, igualdad y publicidad para el empleo público.
Caso Astapa
Por otra parte, casi dieciocho años después de que comenzara la instrucción del caso Astapa contra la corrupción político-urbanística en Estepona (Málaga) el pasado 8 de noviembre se dio lectura al fallo: 31 absueltos y 15 condenados a penas menores, entre ellos el exalcalde socialista.
El exregidor, que fue condenado a cinco meses de inhabilitación para cargo público, aseguró tras conocer la sentencia que en ella se demostraba que su actuación siempre fue "impecable" y que generó ingresos adicionales de cien millones de euros a las arcas municipales por lo que iba a recurrir.
A Astapa siempre se le ha considerado el hermano menor del caso Malaya y su instrucción y la celebración del juicio no ha estado exento de polémica, entre otros motivos por las dilaciones que ha sufrido y por la posible intervención del excomisario José Manuel Villarejo.
Las defensas siempre mantuvieron la teoría de la supuesta vinculación del excomisario con el inicio de la causa y su presunta manipulación para crear un procedimiento ficticio y de manera interesada para velar por sus intereses urbanísticos en el municipio sin control judicial, pero no se probó.
Para los letrados personados en el procedimiento, el desarrollo del juicio ha evidenciado que, como consecuencia de las extraordinarias dilaciones que ha sufrido, Astapa ya no tenía sentido, dado que se han enjuiciando hechos presuntamente delictivos que ocurrieron hace 20 años y la sentencia no recoge ni una sola pena efectiva de cárcel.
