La situación de "quiebra técnica" no permite solicitar préstamos a bancos
El PSOE pide la dimisión del alcalde al no cumplir con el protocolo de la Caja Municipal
Casco Histórico avisa al Bipartito de que incurriría en un "flagrante delito"
También supondría no poder llevar a cabo inversiones en las barriadas
Casco Histórico manifiesta su rotunda oposición a la decisión de Alcaldía de concertar una nueva operación de crédito para cubrir los desfases económicos y financieros generados por el desfalco millonario en las arcas municipales, y advierte de su “flagrante ilegalidad”, y de la responsabilidad en que incurrirá el Pleno si autoriza al alcalde a su firma.
La ilegalidad deriva, de un lado, porque el nivel de endeudamiento que ostentaba el Ayuntamiento antes de conocerse el desfalco, era ya acuciante. Una vez que se ha hecho pública la desaparición más de 7,6 millones, las arcas municipales pueden calificarse en quiebra. La incapacidad del municipio para generar ingresos con que atender los pagos de los créditos anteriormente pedidos, se convertiría ahora en una evidente insolvencia para pagar nuevos préstamos.
De otro lado, la firma de un nuevo préstamo sería “ilegal” porque la vigente Ley de Haciendas Locales exige a los ayuntamientos numerosos requisitos para poder pedir préstamos. Así, en sus artículos 50 y ss., los ayuntamientos deben tener aprobado el Presupuesto General. En San Fernando no se ha aprobado para el 2009.
Y, aunque excepcionalmente, se pueden concertar operaciones de Tesorería, sólo puede hacerse dentro de los límites que establece la propia ley, como son, que sean reembolsadas esas cantidades, algo que el Ayuntamiento no puede garantizar. Además, estas operaciones solo puede destinarse a cubrir déficit temporales de liquidez derivados de las diferencias de vencimiento de sus pagos e ingresos (artículo 199). Sin embargo, el déficit municipal no es temporal, sino que data del año 2002, como mínimo.
Ayudas del Gobierno
Tampoco puede el Ayuntamiento acudir a la fórmula instaurada por el reciente Real Decreto Ley 5/2009 de 24 abril. En primer lugar, porque las medidas previstas en el mismo persiguen hacer frente a las deudas recientes, generadas como consecuencia de la crisis económica. Y en segundo lugar, porque se exige la aprobación de un nuevo Plan de Saneamiento por el Pleno de la Corporación, con inclusión de un compromiso anual de ingresos y gastos corrientes, y un plan detallado y cuantificado de las medidas fiscales, de gestión y administrativas, extremo éste que ha demostrado que supera la capacidad de los gestores económicos del Ayuntamiento.
En tercer lugar, porque si el Ayuntamiento pide estos créditos se obliga en los próximos años a un compromiso de austeridad, incompatible con las celebración de unos fastos como los del 2010. En cuarto lugar, la citada norma reglamentaria anticipa que si se generan nuevos remanentes de tesorería negativos en los años que dure el préstamo, algo más que previsible por haberse perdido más de 7 millones de fondos públicos, quedará prohibida la realización de nuevas inversiones en la ciudad.
Tales limitaciones no hacen sino concluir, según asegura la AVV, “en la más que inevitable ilegalidad de la decisión de concertar nuevos préstamos, la imposibilidad de que el municipio pueda hacer frente a los pagos de ellos derivados , así como confirmar la necesidad imperiosa y urgente de cambiar de gestores económicos de los fondos públicos de la ciudad, habida cuenta de la incapacidad de los actuales”.
El PSOE pide la dimisión del alcalde por primera vez
La Ejecutiva Municipal del PSOE, reunida de urgencias en la noche del pasado martes, acordó pedir de manera inmediata la dimisión del alcalde isleño, Manuel María de Bernardo, por el “robo” de los 7,6 millones de euros de la Caja Municipal. Una decisión que ha llegado tras las explicaciones dadas por el andalucista en el Consejo de Participación Ciudadana.
Y es que López Gil entiende que con su intervención, el primer edil apenas aclaró nada, es más, incrementó las dudas que existen sobre todo este galimatías de la desaparición del dinero. Eso sí, el portavoz socialista se quedó con varios detalles de la comparecencia de De Bernardo.
El primero de ellos es que “reconoció que firmaba y aprobaba las liquidaciones que le llegaban a sus manos y en las que aparecían los 1.200 millones de pesetas en Caja”, comenta López Gil, pero a la vez “aseguró que las firmaba sin conocimiento de la existencia de dichas cantidades”, algo que no creen desde las filas socialistas.
Otra de las apreciaciones que apuntó el portavoz municipal del PSOE es que por primera vez el alcalde “responsabilizó, aunque sin dar nombres, a otras personas que no le advirtieron de la existencia del dinero en la Caja”. En este sentido, López Gil dejó claro que De Bernardo no fue conciso, pero sí que insinuó que parte de dicha culpa recaía en el personal de la Delegación de Hacienda, y más concretamente en la propia delegada, Mercedes Espejo, el interventor y la tesorera municipal.
Procedimiento a seguir
Por otro lado, Fernando López Gil dio cuenta del procedimiento que se ha de seguir por Ley con respecto a la Caja Municipal. En primer lugar, los auxiliares de Tesorería deben hacer diariamente al finalizar la jornada laboral, un arqueo de la Caja, y no se van a su casa hasta que no comprueban que es correcto. Una operación que se debe se realizar además en presencia del tesorero.
En segundo lugar, el tesorero debe confeccionar a su vez diariamente un estadillo del movimiento de la Tesorería, donde figuran los ingresos y pagos habidos en el día, como asimismo la situación de los fondos especificando los que hay en cada banco y los que se quedan en Caja. Dicho estadillo lo hace por triplicado, entregándole uno al interventor y otro al alcalde, que es por Ley el ordenador de pagos de la Corporación, y sin su firma no se puede pagar nada.
En tercer lugar, ni los ingresos ni lo pagos se hacen directamente en Tesorería, sino que previamente tienen que pasar por la Intervención de Fondos, donde se extiende un mandamiento de ingreso o un mandamiento de pago, de modo que la Intervención tiene conocimiento antes que la Tesorería de los ingresos y pagos que se efectúan desde el Ayuntamiento, y cada uno de dichos departamentos debe llevar la contabilidad de los mismos, efectuando cada uno un balance al final de cada mes que, como es lógico, tendría que coincidir.
En cuarto lugar, cada año y a fin de introducir las cantidades en las Cuentas Generales se debe efectuar un arqueo extraordinario porque la Ley así lo exige y debe levantarse un acta con el resultado del mismo. Este arqueo extraordinario también se realizó en el cambio de alcalde en el 2005 y en la investidura del nuevo gobierno en el 2007. En dichos arqueos debió de reflejarse las disponibilidades de fondos de la Tesorería, tanto en efectivo como en valores y como en los distintos bancos.
Por último, y respecto a los valores, las fianzas de todo tipo depositadas por terceros son intocables, y como tales tienen que estar ingresadas en una cuenta especial que se denomina Valores Independientes del Presupuesto que, como su nombre indica, los fondos de la misma tienen que estar también depositados en cuentas independientes de las del Presupuesto ordinario, o sea, que no pueden mezclarse, ni mucho menos disponer de ellos si no quiere incurrirse en malversación de fondos. Cuando se hacen los arqueos extraordinarios, los fondos existentes en cada banco deben justificarse con un certificado de cada uno de ellos y en la misma fecha del arqueo.
Es por ello, que López Gil asegura que “es literalmente imposible que el alcalde siga culpando a los dos funcionarios, ya que en este caso o no se cumple ninguna normativa, cuestión que se notaría mucho en las liquidaciones y en la redacción de los nuevos presupuestos, o bien se conocía y se justificaba año tras año, como nosotros creemos”.
Loaiza pedirá responsabilidades al PA y sus concejales si es necesario
El presidente del PP a nivel provincial, José Loaiza, habló en los micrófonos de ‘Radio La Isla’ sobre la desaparición de los 7,6 millones de euros de las arcas municipales en San Fernando y dejó una cosa bastante clara. “Lo primero que queremos saber es qué ha pasado con ese dinero, dónde está y quiénes son los responsables. Una vez que tengamos conocimiento de todo ello, que a nadie le quepa la menor duda de que tomaremos decisiones y exigiremos responsabilidades al Partido Andalucista, que será el que tendrá mucho que decir, a nuestros propios concejales y también a la oposición”.
De todas formas, Loaiza afirmó que “nosotros estamos tranquilos con respecto a nuestras delegaciones por la gestión que hemos llevado a cabo desde 2007, pero no cabe la menor duda que estamos coogobernando esta ciudad y tendremos cosas que decir al respecto”.
La ilegalidad deriva, de un lado, porque el nivel de endeudamiento que ostentaba el Ayuntamiento antes de conocerse el desfalco, era ya acuciante. Una vez que se ha hecho pública la desaparición más de 7,6 millones, las arcas municipales pueden calificarse en quiebra. La incapacidad del municipio para generar ingresos con que atender los pagos de los créditos anteriormente pedidos, se convertiría ahora en una evidente insolvencia para pagar nuevos préstamos.
De otro lado, la firma de un nuevo préstamo sería “ilegal” porque la vigente Ley de Haciendas Locales exige a los ayuntamientos numerosos requisitos para poder pedir préstamos. Así, en sus artículos 50 y ss., los ayuntamientos deben tener aprobado el Presupuesto General. En San Fernando no se ha aprobado para el 2009.
Y, aunque excepcionalmente, se pueden concertar operaciones de Tesorería, sólo puede hacerse dentro de los límites que establece la propia ley, como son, que sean reembolsadas esas cantidades, algo que el Ayuntamiento no puede garantizar. Además, estas operaciones solo puede destinarse a cubrir déficit temporales de liquidez derivados de las diferencias de vencimiento de sus pagos e ingresos (artículo 199). Sin embargo, el déficit municipal no es temporal, sino que data del año 2002, como mínimo.
Ayudas del Gobierno
Tampoco puede el Ayuntamiento acudir a la fórmula instaurada por el reciente Real Decreto Ley 5/2009 de 24 abril. En primer lugar, porque las medidas previstas en el mismo persiguen hacer frente a las deudas recientes, generadas como consecuencia de la crisis económica. Y en segundo lugar, porque se exige la aprobación de un nuevo Plan de Saneamiento por el Pleno de la Corporación, con inclusión de un compromiso anual de ingresos y gastos corrientes, y un plan detallado y cuantificado de las medidas fiscales, de gestión y administrativas, extremo éste que ha demostrado que supera la capacidad de los gestores económicos del Ayuntamiento.
En tercer lugar, porque si el Ayuntamiento pide estos créditos se obliga en los próximos años a un compromiso de austeridad, incompatible con las celebración de unos fastos como los del 2010. En cuarto lugar, la citada norma reglamentaria anticipa que si se generan nuevos remanentes de tesorería negativos en los años que dure el préstamo, algo más que previsible por haberse perdido más de 7 millones de fondos públicos, quedará prohibida la realización de nuevas inversiones en la ciudad.
Tales limitaciones no hacen sino concluir, según asegura la AVV, “en la más que inevitable ilegalidad de la decisión de concertar nuevos préstamos, la imposibilidad de que el municipio pueda hacer frente a los pagos de ellos derivados , así como confirmar la necesidad imperiosa y urgente de cambiar de gestores económicos de los fondos públicos de la ciudad, habida cuenta de la incapacidad de los actuales”.
El PSOE pide la dimisión del alcalde por primera vez
La Ejecutiva Municipal del PSOE, reunida de urgencias en la noche del pasado martes, acordó pedir de manera inmediata la dimisión del alcalde isleño, Manuel María de Bernardo, por el “robo” de los 7,6 millones de euros de la Caja Municipal. Una decisión que ha llegado tras las explicaciones dadas por el andalucista en el Consejo de Participación Ciudadana.
Y es que López Gil entiende que con su intervención, el primer edil apenas aclaró nada, es más, incrementó las dudas que existen sobre todo este galimatías de la desaparición del dinero. Eso sí, el portavoz socialista se quedó con varios detalles de la comparecencia de De Bernardo.
El primero de ellos es que “reconoció que firmaba y aprobaba las liquidaciones que le llegaban a sus manos y en las que aparecían los 1.200 millones de pesetas en Caja”, comenta López Gil, pero a la vez “aseguró que las firmaba sin conocimiento de la existencia de dichas cantidades”, algo que no creen desde las filas socialistas.
Otra de las apreciaciones que apuntó el portavoz municipal del PSOE es que por primera vez el alcalde “responsabilizó, aunque sin dar nombres, a otras personas que no le advirtieron de la existencia del dinero en la Caja”. En este sentido, López Gil dejó claro que De Bernardo no fue conciso, pero sí que insinuó que parte de dicha culpa recaía en el personal de la Delegación de Hacienda, y más concretamente en la propia delegada, Mercedes Espejo, el interventor y la tesorera municipal.
Procedimiento a seguir
Por otro lado, Fernando López Gil dio cuenta del procedimiento que se ha de seguir por Ley con respecto a la Caja Municipal. En primer lugar, los auxiliares de Tesorería deben hacer diariamente al finalizar la jornada laboral, un arqueo de la Caja, y no se van a su casa hasta que no comprueban que es correcto. Una operación que se debe se realizar además en presencia del tesorero.
En segundo lugar, el tesorero debe confeccionar a su vez diariamente un estadillo del movimiento de la Tesorería, donde figuran los ingresos y pagos habidos en el día, como asimismo la situación de los fondos especificando los que hay en cada banco y los que se quedan en Caja. Dicho estadillo lo hace por triplicado, entregándole uno al interventor y otro al alcalde, que es por Ley el ordenador de pagos de la Corporación, y sin su firma no se puede pagar nada.
En tercer lugar, ni los ingresos ni lo pagos se hacen directamente en Tesorería, sino que previamente tienen que pasar por la Intervención de Fondos, donde se extiende un mandamiento de ingreso o un mandamiento de pago, de modo que la Intervención tiene conocimiento antes que la Tesorería de los ingresos y pagos que se efectúan desde el Ayuntamiento, y cada uno de dichos departamentos debe llevar la contabilidad de los mismos, efectuando cada uno un balance al final de cada mes que, como es lógico, tendría que coincidir.
En cuarto lugar, cada año y a fin de introducir las cantidades en las Cuentas Generales se debe efectuar un arqueo extraordinario porque la Ley así lo exige y debe levantarse un acta con el resultado del mismo. Este arqueo extraordinario también se realizó en el cambio de alcalde en el 2005 y en la investidura del nuevo gobierno en el 2007. En dichos arqueos debió de reflejarse las disponibilidades de fondos de la Tesorería, tanto en efectivo como en valores y como en los distintos bancos.
Por último, y respecto a los valores, las fianzas de todo tipo depositadas por terceros son intocables, y como tales tienen que estar ingresadas en una cuenta especial que se denomina Valores Independientes del Presupuesto que, como su nombre indica, los fondos de la misma tienen que estar también depositados en cuentas independientes de las del Presupuesto ordinario, o sea, que no pueden mezclarse, ni mucho menos disponer de ellos si no quiere incurrirse en malversación de fondos. Cuando se hacen los arqueos extraordinarios, los fondos existentes en cada banco deben justificarse con un certificado de cada uno de ellos y en la misma fecha del arqueo.
Es por ello, que López Gil asegura que “es literalmente imposible que el alcalde siga culpando a los dos funcionarios, ya que en este caso o no se cumple ninguna normativa, cuestión que se notaría mucho en las liquidaciones y en la redacción de los nuevos presupuestos, o bien se conocía y se justificaba año tras año, como nosotros creemos”.
Loaiza pedirá responsabilidades al PA y sus concejales si es necesario
El presidente del PP a nivel provincial, José Loaiza, habló en los micrófonos de ‘Radio La Isla’ sobre la desaparición de los 7,6 millones de euros de las arcas municipales en San Fernando y dejó una cosa bastante clara. “Lo primero que queremos saber es qué ha pasado con ese dinero, dónde está y quiénes son los responsables. Una vez que tengamos conocimiento de todo ello, que a nadie le quepa la menor duda de que tomaremos decisiones y exigiremos responsabilidades al Partido Andalucista, que será el que tendrá mucho que decir, a nuestros propios concejales y también a la oposición”.
De todas formas, Loaiza afirmó que “nosotros estamos tranquilos con respecto a nuestras delegaciones por la gestión que hemos llevado a cabo desde 2007, pero no cabe la menor duda que estamos coogobernando esta ciudad y tendremos cosas que decir al respecto”.
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