Ante las protestas de los vecinos de la 7ª fase del Cerro del Moro por las condiciones impuestas por la Administración autonómica para ocupar sus nuevos pisos y en víspera de que PSOE y Adelante defiendan sus intereses en los plenos del Parlamento y el Ayuntamiento, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha avivado la polémica al apuntar que los afectados “que se están manifestando públicamente es, por lo que tengo entendido, porque no cumplen” los requisitos “para acceder” a las viviendas protegidas en alquiler.
“Algunos tienen otras propiedades”, ha añadido, remarcando que eso impediría, una vez que vendan su propiedad actual, disponer de uno de los 67 inmuebles que se construirán. Esto “es de primero de vivienda social”, ha remachado.
Si bien no ha entrado en detalles, todo indica que Colombo se refiere a los requisitos que marca la normativa para optar a una vivienda protegida, que, efectivamente, obligan a no ser titular de pleno dominio de otra vivienda libre o protegida.
Además, la vivienda que se adquiera debe destinarse a residencia habitual y permanente y no se deben superar ciertos ingresos. Respecto a esto último, el decreto núm. 91/2020 de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, de 30 junio, que regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, indica en su artículo 15 que “las viviendas y alojamientos protegidos se destinan a unidades familiares cuyos ingresos anuales no superen 3,00 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en el caso de viviendas protegidas de régimen especial; 4,00 veces el IPREM para las viviendas protegidas de régimen general, y 5,50 veces el IPREM en las viviendas protegidas de precio limitado, y cumplan los requisitos establecidos en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre (LAN€5.9), y en el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.
“No obstante, lo anterior, en el caso establecido en el artículo 11.10 del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, aprobado por el Decreto 1/2012, de 10 de enero, se amplía el límite de ingresos a 5,50 veces el IPREM para las viviendas protegidas de régimen general y a 7,00 veces el IPREM en las viviendas protegidas de precio limitado”, matiza.
Fuentes de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz no han podido concretar qué límite es el que se ha ofrecido a los interesados en las reuniones mantenidas de forma individualizada por parte de los técnicos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ni cuántas familias de las 67 no tienen derecho, a priori, a una nueva casa.
En cualquier caso, las declaraciones de Colombo han crispado los ánimos de los afectados, que muestran su asombro por las palabras de la dirigente del PP, e insisten en que lo verdaderamente grave es que “pasamos de propietarios de nuestras viviendas actuales a inquilinos” y niegan que las condiciones ofrecidas ahora sean equiparables a los de los vecinos de la 6ª fase.
Enrique Estévez ha trasladado este extremo hoy mismo al coordinador del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Cossi, en una reunión en el Ayuntamiento.
“Queremos que se respete la propuesta de 2022”, reitera Estévez, que pasaba por una permuta de vivienda, “sin perder los derechos de propiedad y herencia, con opción compra en diez o 25 años” y no 50, como se ha planteado ahora por la cofinanciación de la obra por parte de la UE.
“Que se renuncie a los tres millones” que aporta Bruselas, vuelve a defender, y la Junta de Andalucía recurra a fondos propios u otra línea de ayudas.
