El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales acordó suspender de manera cautelar la licitación del servicio de Ayuda a Domicilio por la admisión a trámite de dos recursos el pasado 11 de octubre y el Ayuntamiento de Cádiz recibió la notificación cuatro días después.
Sin embargo, la Administración local hizo pública la información en el Portal de Contratación del Estado en la mañana de ayer, poco antes de las 10.00 horas, y casi 24 horas después de que VIVA CÁDIZ adelantara en su edición digital este martes el varapalo al procedimiento de contratación.
Concretamente, el órgano de arbitraje de la institución provincial ha atendido los requerimientos para paralizar la contratación del Círculo Empresarial de Cuidados a Personas (Cecua) y la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), que cuestionan la dotación presupuestaria de los pliegos al considerar que se han atendido las condiciones laborales de la plantilla de acuerdo al convenio del sector en vigor, pero no los acuerdos de mejora salariales alcanzados por la actual concesionaria, Domusvi, representante de los trabajadores y el Ayuntamiento de Cádiz ante el Sercla en febrero del año pasado tras las movilizaciones de los empleados en defensa de la dignidad laboral.
Tampoco estuvo ágil el Ayuntamiento en ofrecer explicaciones, pese a los requerimientos al respecto desde temprano. El gabinete de prensa difundió un comunicado por la tarde en el que comunicaba que se había entregado toda la información requerida por el tribunal, como es preceptivo, por otro lado, y restaba importancia a la suspensión cautelar. “Es un procedimiento habitual cuando se presentan recursos” a licitaciones “de estas características”, con un valor estimado de más de 32 millones de euros.
“Quedamos a la espera”, agregaba la nota, en la que el equipo de Gobierno manifestaba, no obstante, “que nos oponemos” a la paralización “en tanto que entendemos que la licitación ha cursado de forma correcta su procedimiento y que las condiciones que presenta el pliego garantizan su viabilidad”.
La tormenta política, sin embargo, se había desatado. Óscar Torres, por parte del PSOE, acusó al alcalde, Bruno García, de “ser incapaz de sacar adelante” un contrato “imprescindible para los colectivos más vulnerables como son los mayores dependientes” y advirtió de que “deja tiradas a 300 trabajadoras del servicio”. Por su parte, el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, alertó de la “existencia de inseguridad jurídica en el pliego y de incertidumbre para la plantilla”.
Tanto uno como otro coincidieron en que “la municipalización es la solución para el servicio de Ayuda a Domicilio”.
El teniente de alcalde de Asuntos Sociales, Pablo Otero, eludió hacer referencia a esta posibilidad, e insistió únicamente en que “tenemos la convicción” de que el contrato “tiene la dotación económica suficiente”.
