La meta que se han trazado ambos sindicatos en Cádiz es la recogida de 16.000 firmas en toda la provincia hasta octubre.
UGT y CCOO se suman a la campaña iniciada a nivel nacional para provocar el cambio de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil con el objetivo de que las personas con importantes dificultades económicas puedan liquidar su deuda con el banco con la entrega de su vivienda, como ocurre ya en otros países, así como que tengan acceso a otra vivienda de alquiler durante cinco años sin destinar más del 30 por ciento de los ingresos familiares. La meta que se han trazado ambos sindicatos en Cádiz es la recogida de 16.000 firmas en toda la provincia hasta octubre.
Ambos sindicatos han anunciado que también recogerán firmas en Cádiz para apoyar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), conseguir un cambio de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil con la finalidad de que las personas y familias con graves dificultades económicas liquiden su deuda con el banco con la entrega de su vivienda y también se les garantice el acceso a otra en régimen de alquiler durante cinco años sin que ello les suponga un gasto superior al 30 por ciento de los ingresos familiares.
En concreto, la meta que se han trazado ambas organizaciones es recabar unas 16.000 firmas en la provincia hasta octubre, según han explicado sus representantes.
Con esta campaña, los sindicatos promotores pretenden resolver un problema que afecta a miles de personas en todo el país, que son desahuciadas de sus viviendas al no poder afrontar el pago de la hipoteca (por falta de ingresos) y siguen obligadas al pago de la cuota hipotecaria a pesar de no vivir en sus casas. Este sistema de dación de pago, por el que el hipotecado cancela su deuda con el banco a la entrega de su vivienda, funciona, según han recordado ambos sindicatos, en Estados Unidos y otros países europeos, “que no tienen un procedimiento de ejecución hipotecaria tan desequilibrado como el nuestro”.
Esta ILP, según han añadido, pretende evitar que cientos de miles de familias “queden condenadas de por vida y caigan de manera inevitable en la exclusión social y financiera. No deja de ser traumático e injusto socialmente que una persona, por avatares sobrevenidos o coyunturales de los que no es responsable directo, deba perder su vivienda habitual y seguir pagando por un bien que ya no tiene. Por eso, en los casos en lo que no es posible la conservación de la vivienda, la dación en pago, con extinción completa de la deuda y sin exigencia de la misma por los avalistas, debe establecerse como respuesta urgente e inmediata a lo que es una auténtica emergencia social”, han afirmado.
