La Ley de nuevas tasas judiciales entró en vigor a mediados de diciembre. Por primera vez los ciudadanos tendrán que pagar tasas para acceder a la justicia en los procesos civiles, contencioso-administrativos y sociales. Hablamos con el presidente  de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Cádiz para valorar el impacto que tendrán estas tasas en los procesos judiciales de la provincia.


¿Cómo nace la Agrupación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Cádiz?
—Nace como consecuencia de las inquietudes de un grupo de jóvenes del Colegio de Abogados de Cádiz, que veían conveniente su constitución para de alguna forma agrupar los intereses y defender los derechos de la abogacía joven.
¿Cuál es la postura de la Agrupación que usted dirige con respecto a la Ley de Tasas Judiciales?
—Contraria por supuesto, la ley de tasas supone en todo caso una merma de derechos a los ciudadanos, de ahí que desde los distintos estamentos que constituyen la abogacía joven, no sólo a nivel provincial, en lo que a nuestra agrupación se refiere, si no también a nivel autonómico, a través de la Federación Andaluza de Jóvenes Abogados y a nivel nacional, a través de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, estemos llevando a cabo todo tipo de acciones encaminadas a la derogación de la ley.

¿Cómo va a afectar a una provincia como Cádiz?
—Teniendo en cuenta los tres niveles de población existentes,  se puede decir que las personas sin recursos, que ingresen poco mas de mil euros mensuales por unidad familiar, van a seguir recibiendo el beneficio de la asistencia jurídica gratuita. Las personas con amplios recursos económicos, los bancos, las compañías de seguros, de telefonía etc.. es evidente que no van a tener ningún tipo de problemas a la hora de afrontar las tasas, pero el amplio segmento de la población que se corresponde con la clase media, sí que se va a ver limitada y en muchos casos imposibilitada a la hora de acceder a los tribunales para buscar la defensa de sus derechos.

¿A que jurisdicción afecta?
—Afecta al orden civil, contencioso administrativo y social, queda excluido el orden penal, curiosamente el que mas volumen de litigiosidad genera en España, de ahí que los motivos del Ministro para justificar la implantación de la norma queden vacíos de contenidos y solo obedezcan razones recaudatorias.

¿Cuáles son esos motivos?
—En primer lugar nos quieren hacer ver que el dinero generado por las tasas judiciales va a servir para financiar la justicia gratuita. Andalucía tiene las competencias transferidas en Justicia y es la Comunidad Autónoma la que abona la labor desempeñada por los abogados del turno de oficio. En la actualidad, la Junta de Andalucía arrastra un impago de un año, pero curiosamente, en reunión mantenida con el Delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, nos informa que ellos no tienen constancia de que se vaya afrontar el pago del turno de oficio con el dinero generado por las tasas, es más, desde el grupo parlamentario socialista se ha anunciado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de tasas, de ahí que no le veamos sentido a la justificación dada por el Ministro, que por otro lado, rechazamos completamente.

¿Permitirá aligerar los procedimientos en los juzgados?
—Se pretende agilizar los juzgados, argumentando que los mismos están colapsados por la numerosa litigiosidad. Este motivo también es rechazado por la abogacía joven  ya que vemos más conveniente el llevar a  cabo una reforma de modernización de la justicia dotándola de los medios materiales y personales necesarios, antes que “agilizar” la justicia a costa de que el ciudadano no pueda acceder a ella por tener que pagar una tasa, quedando sus derechos completamente indefensos. Eso no es agilizar la justicia, eso es imposibilitar que los ciudadanos accedan a ella, de esa forma es evidente que los juzgados tendrán menos carga de trabajo, pero  los ciudadanos quedaran indefensos y la administración de justicia seguirá estancada y obsoleta, ésa es la realidad.

¿Las tasas son realmente abusivas?
—Completamente. Con la ley de tasas, el recurrir en segunda instancia supone pagar 800 euros,  mas un variable, es sin duda el supuesto mas conflictivo, prácticamente te hace renunciar a la segunda instancia. A parte, el variable fijado tanto en la primera, como en la segunda instancia no va en función de los recursos económicos del ciudadano, si no de la cuantía del procedimiento, es decir, que a mayor indemnización que reclames, mayor rentas de alquiler, mayor daño sufrido, en definitiva, cuanto mayor sea la cuantía del procedimiento, mayor es el variable a pagar.

¿Cuáles son las impresiones que le transmiten sus agrupados?
—En muchas ocasiones ya han podido comprobar como clientes han decidido no acudir al juzgado para defender sus derechos por el hecho de tener que pagar la tasa, a pesar de ver vulnerados sus derechos.

¿Considera necesaria la dimisión del Ministro de Justicia?
—El ministro ha conseguido algo extraordinario, poner de acuerdo a todos los operadores jurídicos, jueces fiscales, secretarios judiciales, funcionarios procuradores y abogados. Todos han alzado la voz contra la ley de tasas exigiendo su derogación, o en su caso la reducción de la misma. No creo que todos estemos equivocados.

¿En qué situación se encuentra la Justicia en España?
—Es una justicia, antigua, obsoleta, en lo que a los medios se refiere, así la ve el justiciable y así la vemos los profesionales. La administración de justicia es siempre la gran olvidada para nuestros gobernantes,  pero aun así, y  mas aún en tiempos de crispación como los que vivimos, acudir a un tribunal para solucionar las distintas controversias que se nos presenten, es una garantía del Estado de Derecho, por tanto,  el poner una traba, exigiendo una cantidad económica para recibir esa tutela de tus derechos vulnerados resulta completamente inconstitucional. Por eso desde la abogacía joven exigimos como contrapartida a la ley de tasas,  una reforma integral de la administración de justicia, que la dote de modernidad,  de avances informáticos,  y sobre todo de medios personales, creando mas juzgados, y dotándolas de personal.

¿Qué opinión te merece que la Junta de Andalucía anuncie que no tiene dinero para construir la Ciudad de la Justicia en Cádiz?
—Es una muestra más de la desidia con la que todos los gobernantes se enfrentan a la administración de justicia, es inconcebible que las sedes judiciales se encuentren dispersas por toda la ciudad y mas aun el estado que presentan alguna de ellas, ahora nos dicen que no hay dinero, pero cuando lo había tampoco se hacia nada. Los juzgados de la provincia, salvo algunas excepciones se encuentran en un estado lamentable, sin embargo vemos como se levantan edificios de otras administraciones con todo tipo de adelantos técnicos e informáticos, que no tienen ni la mitad del uso que tienen los juzgados.

¿El panorama que se les presenta a los jóvenes abogados será muy distinto del que tienen y tendrán los veteranos que ya están más consagrados?
—Los tiempos que corren son muy distintos a los de antaño, eso es una realidad,  en todos los sectores, no solo en la abogacía, de ahí que desde la agrupación de jóvenes abogados apostemos por potenciar la profesionalidad y la capacidad del abogado joven, para adentrarse en el mercado profesional y competir en igualdad.