La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha instado este lunes al Gobierno a dar "un tratamiento en positivo" a la provincia gaditana en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), al entender que debe de darse una respuesta "inmediata" al "abandono absoluto" del PP en relación al "drama" del desempleo en la provincia.
En rueda de prensa, García ha sostenido que el "problema estructural" del desempleo en la provincia necesita una respuesta "firme" del Gobierno tras "paralizar proyectos que generan empleo", asegurando que los socialistas no van a consentir que "se siga dando la espalda a la provincia", ya que, a su entender, "necesita el apoyo de todas las administraciones".
La dirigente socialista ha argumentado que los PGE suponen "un instrumento para crear empleo y para garantizar la protección social" y así, ha asegurado que entre las "apuestas irrenunciables" del PSOE en el próximo debate presupuestario se sitúan el "impulso definitivo" a la conexión Algecireas-Bobadilla, la llegada de la Alta Velocidad, la finalización del segundo puente sobre la Bahía, o dar solución al entronque de Tres Caminos, entre otras.
Asimismo, ha manifestado que los hospitales de La Línea, Vejer y San Carlos deben de ser "prioridades de todas las administraciones", destacando, igualmente, el apoyo que, en su opinión, deben de tener sectores tradicionales de la actividad económica gaditana como el vitivinícola. En este sentido, ha animado a las cooperativas y al Marco de Jerez a realizar un "esfuerzo conjunto" para generar empleo, avanzando que "en los próximos días" el PSOE convocará a representantes del sector "para analizar la situación y abordar medidas y reformas necesarias".
García ha destacado igualmente la necesidad de que se "revitalice" el sector industrial en la Bahía gaditana, exigiendo carga de trabajo "inmediata" para los astilleros de Navantia y la adjudicación de la segunda fase de los BAM.
La dirigente socialista ha criticado también las condiciones de acceso para acceder a las ayudas a la reindustrialización impuestas por el Gobierno del PP, asegurando que la distribución de los fondos destinados a las empresas suponen un "verdadero sectarismo político".
