El estudio, realizado por Agustín Huete García y Eduardo Díaz, analiza el grado de integración y discriminación de este colectivo y es el trabajo “más amplio y profundo que se ha hecho hasta ahora” para ilustrar la situación de los extranjeros discapacitados, según la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí.
En la presentación del libro, Agustín Huete puntualizó que, en 2007, cuando se hizo este trabajo, la discapacidad afectaba a casi un cuarto de millón de inmigrantes (el 54% son mujeres) pero desde entonces “la cifra puede haber aumentado”.
El 60% de los inmigrantes discapacitados llegaron a nuestro país con alguna minusvalía pero el resto la adquirió durante la migración o en España, la mayoría en accidentes laborales, puntualiza Huete.
Entre las conclusiones más importantes, el informe advierte que el mayor obstáculo para la integración de este colectivo es la situación de ilegalidad, por lo que recomienda al Ejecutivo que les facilite el acceso a los permisos de residencia, la tarjeta sanitaria y el certificado de minusvalía.
Preguntada por este punto, la secretaria de Estado ha manifestado que el Gobierno estudiará “todas las recomendaciones del trabajo” para analizar “todo lo que puede tener una respuesta legal”.
En cuanto al ámbito laboral, el informe precisa que este colectivo presenta especiales dificultades de accesiblidad al empleo.
