Ya han avisado al Ayuntamiento de El Puerto (PP) sobre la imposibilidad de hacerlo porque sería un delito de prevaricación.
Ecologistas en Acción ha puesto nuevos argumentos sobre la mesa del Partido Popular para dificultar el proceso de regularización de viviendas, en este caso ante el Ayuntamiento de El Puerto pero como aviso a navegantes en aquellos municipios en los que existe el mismo problema.
Si el delegado de Urbanismo, Andrés Núñez, se ha cansado de repetir las responsabilidades para los cargos públicos que no obren en el estricto cumplimiento de la Ley, ahora puede usar los argumentos del colectivo verde, que ha advertido ante la posibilidad de suspender las sanciones y las multas coercitivas a los que han construido de forma ilegal, lo que puede ser constitutivo de un delito de prevaricación.
“Las sanciones no son una decisión potestativa, es un imperativo legal que se impone a aquellos que construyen ilegalmente; si además se niegan a paralizar las obras o a demoler lo ilegalmente construido, se les imponen multas coercitivas. Y no hay en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) posibilidad de suspenderlas incluso si están en proceso de legalización. Sería como suspender una multa de tráfico si el infractor se compromete a conducir bien en adelante”, dicen los ecologistas.
En el caso de Chiclana, hay miles de procedimientos abiertos, precisamente a instancias del Partido Popular, que ahora pesan como una losa a la hora de conseguir el apoyo del partido creado para defender los intereses de los propietarios de este tipo de viviendas y que resulta fundamental en ocasiones ante la situación de minoría mayoritaria en el Pleno.
El Ayuntamiento de Chiclana está en proceso de redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana y el delegado de Urbanismo no acertaba a aclarar todavía cómo se colocarían las piezas de las viviendas ilegales en un puzzle mediatizado por el porcentaje de crecimiento, por lo que todavía tiene un margen de maniobra.
Los que no la tienen son los afectados por las sanciones urbanísticas cuyo importe supera en algunos casos el precio de un chalet en la Barrosa. Tanto para solucionar el problema de las sanciones como para usar el dinero de las mismas para urbanizar las zonas que se legalicen, se han pronunciado los ecologistas, en ambos casos en contra.La ventaja que pueden tener los afectados es que los ecologistas en Chiclana han sido siempre mucho más permisivos que en otros municipios vecinos.
