El juez da traslado a Fiscalía del caso de irregularidades en la UP

Publicado: 17/06/2014
Uno de los licitadores afectados acudió ayer al juzgado para conocer el estado de la demanda. Investigarían a Ruiz Boix y a la secretaria General
En septiembre de 2013, uno de los concurrentes al proceso concursal del servicio de monitores de la Universidad Popular  de San Roque hizo público su malestar al detectar “supuestas irregularidades” y anunció que pedirían la suspensión de los talleres y que emprendería acciones penales.

Precisamente ayer, el denunciante, que a día de hoy reside fuera de España, acudió a los Juzgados de San Roque supuestamente acompañado de un concejal del Ayuntamiento. El objetivo no era otro que visionar el expediente puesto en marcha por las presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación y que podría derivar, finalmente, en un presunto delito de prevaricación contra el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y la Secretaría Municipal. Y es que, según han confirmado a VIVA CAMPO DE GIBRALTAR varias fuentes cercanas al caso, pudieron comprobar cómo el juez instructor habría dado traslado de dicho expediente a la Fiscalía, quien tendrá que preparar un informe sobre el asunto.

Antecedentes
El licitador indicó el pasado mes de septiembre que alegaron el proceso al apreciar “errores” y “contradicciones” en los pliegos que podían derivar en la nulidad, y que  “imposibilitaban elaborar una oferta económica adecuada”.

Pese a que el plazo límite para estimar o desestimar finalizaba dos días después, no recibieron respuesta hasta el 14 de agosto. Así, se vieron obligados a presentar la candidatura, con fecha límite 24 de julio, sin respuesta, lo que les hizo sospechar que el proceso “estaba viciado”.

El licitador afirmaba por aquel entonces que al desestimar se actuó con “alevosía y premeditación” ya que se hacía referencia a que el que interpuso las alegaciones era parte integrante del equipo programado en la oferta, lo que demostraría “que se abrió el sobre A antes de contestar a las alegaciones”.

Añadían que la desestimación “está firmada por la secretaria accidental” y no por la titular, que, a fecha de 24 de  julio “no estaba de vacaciones”.

Además, afirmaban que obviaron “un informe de certificación de consignación presupuestaria” emitido antes de la publicación del pliego, en la misma línea de las alegaciones.

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