Campo de Gibraltar

El consejero de Justicia anuncia cambios en las sedes judiciales de Algeciras sin partidas asignadas

De Llera admite que es necesaria una inversión de 1,5 millones de euros, pero desconoce si las obras podrían comenzar en 2015

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  • Visita de De Llera -

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha anunciado la futura redistribución de las sedes judiciales de la ciudad con el objetivo de concentrarlas en dos edificios, en concreto los situados en Plaza de la Constitución y Virgen del Carmen, que son los inmuebles que se encuentran en condiciones más óptimas para la prestación de este servicio.

La Consejería de Justicia e Interior pretende impulsar la rehabilitación y ampliación del edificio de la calle Virgen del Carmen para ubicar en él, además de los órganos que actualmente tienen allí su sede, los Juzgados de lo Penal, el Juzgado y Fiscalía de Menores y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que actualmente se encuentran en un edificio menos funcional.

Según De Llera, este proyecto para mejorar las sedes judiciales algecireñas requiere de un coste aproximado de un millón y medio de euros, inversión que podría amortizarse a corto plazo con lo que se podría ahorrar en alquileres de la sede judicial ubicada en la calle Muñoz Cobos. Esta actuación podría llevarse a cabo en un plazo de tres o cuatro años y permitiría que el traslado a este edificio se hiciera de manera gradual.

El consejero ha señalado que ya se ha trasladado a la Consejería de Hacienda esta iniciativa para su autorización y financiación y ha mostrado su esperanza para que pueda acometerse por la necesidad que supone para Algeciras contar con unas mejores sedes judiciales en estos momentos.

Por último, ha renocido las dificultades para impulsar ahora el proyecto de la Ciudad de la Justicia debido a la actual situación económica y financiera pero ha asegurado que no renuncia afrontar en un futuro su construcción, a través del modelo de colaboración público-privada, si la situación económica lo permite.

Justicia gratuita
Emilio de Llera, ha anunciado hoy el abono de 5 millones de euros a abogados y procuradores de la provincia de Cádiz para liquidar todos los pagos pendientes por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita de 2014.

Así lo ha trasladado De Llera a los letrados del Campo de Gibraltar en la reunión que han mantenido esta mañana en Algeciras, donde ha puesto de relieve el esfuerzo y el compromiso de su departamento por garantizar la justicia gratuita al formar parte de las políticas sociales y de igualdad que defiende la Junta frente a los recortes impuestos por el Gobierno del Estado.
A las preguntas de los periodistas, el consejero ha explicado que ya se ha abonado una parte de estos 5 millones pendientes de los servicios prestados el pasado año y se está a la espera del pago restante próximamente.

De Llera ha señalado que la justicia gratuita es “una prioridad” para el Gobierno andaluz porque “favorece a la ciudadanía más vulnerable y con menos recursos y garantiza la igualdad de todos ante la Justicia”.

En el encuentro con los abogados campogibraltareños, De Llera ha criticado los “efectos negativos” de las tasas judiciales para la actividad de los letrados y, fundamentalmente, para los derechos de la ciudadanía en el acceso a la Justicia. Además, el responsable andaluz de Justicia ha criticado el “incumpliendo” de la ley de tasas que establece la obligatoriedad de destinar su recaudación a la financiación de la justicia gratuita.

Sin embargo -según el consejero- ya se han recaudado más de 54 millones de euros por las tasas en Andalucía desde que entró en vigor la norma y “no se ha destinado un solo euro a la justicia gratuita que estamos sosteniendo desde la comunidad autónoma”.

De Llera también ha informado a los abogados de la reciente puesta en marcha de un innovador sistema tecnológico para mejorar la gestión de la justicia gratuita. Se trata de una aplicación informática, denominada Temisa, que aporta transparencia, agiliza los trámites y disminuye el coste económico que realiza la Administración autonómica para financiar este servicio. Esta nueva tecnología permite a los abogados y procuradores remitir telemáticamente a la Administración autonómica las certificaciones de pago por el servicio sin necesidad de que haya que notificarlos en papel.

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