El comité local del PSOE muestra su satisfacción, mientras que el PP no responderá hasta este jueves
La Fiscalía Provincial de Cádiz ha archivado la denuncia presentada por el Partido Popular de Chiclana el pasado año contra cinco cargos socialistas por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos entre 2003 y 2006, cuando bajo el Gobierno socialista se abrieron 1.717 expedientes por sanciones urbanísticas por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo y sólo se cobraron 15.
Aunque el decreto tiene fecha de 29 de junio del presente año, no fue hasta el pasado martes por la tarde cuando el PSOE recibió el documento oficial por parte de la Fiscalía Provincial de Cádiz, en el cual se aclara el archivo de la denuncia presentada por los concejales populares en 2008 Nicolás Aragón, Teresa Ruiz-Sillero (ya fuera del grupo municipal), Andrés Núñez, María Luisa Guerra, José Manuel Lechuga, Agustín Díaz y María Eugenia Fernández. “El Partido Popular seguro que sabía la resolución antes que nosotros, puesto que fue el que denunció, y sin embargo se ha callado”, ha lamentado el secretario local del PSOE, Joaquín Páez.
Hay que recordar que la denuncia presentada por el PP se dirigía contra los que fueron delegados de Urbanismo entre 2003 y 2006, Juan Jesús Jiménez y Joaquín Muriano, la edil de Economía y Hacienda, Manuela Moreno, y los alcaldes Manuel Jiménez Barrios y José María Román. Precisamente este último ha mostrado su satisfacción por la resolución de Fiscalía y ha criticado el “silencio” del PP. “No son capaces de hacer un comunicado para decir que está archivada la denuncia”, ha comentado el presidente local del PSOE.
En cuanto a las razones que la fiscal Patricia Navarro argumenta para archivar la denuncia, éstas se centran en que “los hechos descritos no son susceptibles de ser subsumidos en los tipos penales de prevaricación de los artículos 320 y 404 del Código Penal”. A pesar de ello, reconoce que el archivo de estos expedientes “ha ocasionado, como sostienen los denunciantes, una extensión de la situación de impunidad con las infracciones urbanísticas y probablemente haya actuado como efecto llamada”. Por otro lado, respecto al presunto delito de malversación de caudales públicos, la fiscal aclara que “ha de rechazarse la tipicidad de las conductas como formas de malversación, naturalmente sin perjuicio de la responsabilidad contable a que pudiera haber lugar”.
A pesar del archivo de la denuncia presentada por los miembros del PP, éstos podrán “reproducir” dicha denuncia ante el Órgano Judicial competente.
Más casos
Hay que recordar que este decreto de Fiscalía no ha sido la única denuncia que se ha archivado en los últimos meses. Y es que ya se archivó las denuncias por el denominado caso Coto San José (presentada en noviembre de 2006) y las planteadas contra los concejales José Luis Ruiz Piñero y Sebastián Verdugo durante la campaña electoral de 2007. “Todas estas denuncias planteadas por Marín, Butrón y Guerrero lo único que ha llevado consigo es la pérdida de confianza de los inversores”, ha aclarado Román. De todos modos, aún queda por conocer los decretos sobre los denominados casos Barceló y Tartessus.
Tras las valoraciones efectuadas por el PSOE sobre este caso, ayer este medio se puso en contacto con los denunciantes para conocer su opinión al respecto sin obtener respuesta alguna. Tan sólo la dirección local del PP se limitó a posponer su opinión hasta esta tarde en rueda de prensa.
