La vicesecretaria de Políticas Sociales y parlamentaria andaluza del PP de Córdoba, Rafaela Obrero, ha alertado este miércoles de que la Junta de Andalucía "pretende eliminar" en la región unas 2.800 plazas concertadas y no ocupadas en los centros de atención personalizada para personas mayores y personas con discapacidad, de las que 190 "se eliminarán" en la provincia de Córdoba.
En una rueda de prensa, la 'popular' ha avisado que esta decisión "supondría un recorte de 2,4 millones de euros" en el conjunto de centros residenciales con plazas públicas en Andalucía --concretamente 170.000 euros en Córdoba--. Además, "ya no entrarían más dependientes en el sistema de atención asistencial en centros", ha manifestado.
Según ha explicado, estas son "las principales consecuencias" del borrador que presentó la anterior consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, y sobre el que ahora trabaja la nueva consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio. "Esta nueva orden viene a dar la extremaunción a muchos centros residenciales y a rematar la dramática situación económica arrastrada por los continuos impagos por parte de la Junta de Andalucía", ha criticado.
Esto ocurre, agrega, en una comunidad en la que existen 54.221 personas dependientes con derecho a prestación que "no la están recibiendo, a pesar de que el Gobierno de España mantiene el mínimo de dependencia y paga a cada comunidad mes a mes lo que le corresponde". Andalucía recibe a tal efecto casi 30 millones de euros mensuales, "siendo la comunidad que más fondos recibe al ser la que tiene más beneficiarios", ha señalado.
"El problema está en que la Junta de Andalucía no está efectuando pagos en políticas sociales acumulando cuatro meses de retraso sin ofrecer garantías de pago", ha advertido la popular, quien considera que "esta situación provoca que los centros residenciales no puedan acceder a nuevos créditos bancarios por la falta de credibilidad y confianza generalizada para afrontar los pagos".
La parlamentaria popular ha recordado que "el bipartito andaluz ya tomó la decisión", tal y como advirtió el Defensor del Pueblo Andaluz, de paralizar la tramitación de los expedientes de reconocimiento de la dependencia. De ahí que en 2012 hubiera 4.717 beneficiarios menos en Andalucía que en 2011, mientras que en el resto de Comunidades Autónomas aumenta esta cifra.
Además, ha precisado que otra consecuencia que acarreará la nueva de orden es el descenso de la ratio de plazas concertadas por habitantes: del 2,8% al 2% en Andalucía y 3,5 en Córdoba, "muy lejos del 4,3% de la media nacional".
A esta situación que sufren las políticas sociales en Andalucía la popular añade el hecho de que "el Gobierno andaluz lleve meses sin reponer las plazas de residencias que se quedan libres tras el fallecimiento de los dependientes que las ocupaban, a pesar de que en Córdoba tenemos más de 500 personas en municipios menores de 20.000 habitantes incluidos en el Programa de Atención Individual, pero sin recibir este servicio".
Asimismo, apunta el descenso de un 12% en el precio de la plaza pública que la Junta de Andalucía propuso a las entidades hace un año y la deuda de más de 30 millones de euros que el Gobierno andaluz debe a estos centros. "Incluso debemos añadir una política social basada en la mentira, ya que el gobierno de Andalucía prometió a los gerentes de las residencias y centros que si ampliaban las instalaciones o las rehabilitaban recibirían nuevos centros, y esto nunca se ha producido", ha apostillado la popular, quien pide a la Junta que "ponga fin a esta orden, que pague la deuda contraída y retome las negociaciones con los responsables de estos centros".
