Propietarios de parcelas a favor de cambiar la LOUA prevén celebrar una convención en Córdoba para analizar su situación

Publicado: 08/03/2014
No descartan crear partidos políticos vecinales en distintos puntos de Andalucía y manifestarse ante la sede de la Junta en Sevilla
Representantes de distintas asociaciones de propietarios de parcelas a favor de cambiar "o no aplicar" la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), así como las últimas normativas que regulan el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma, prevén celebrar en próximas fechas una convención en Córdoba capital para analizar su situación, junto a las autoridades de las diferentes administraciones, a las que invitarán a la cita.

   Así lo han destacado a Europa Press desde la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir en Córdoba, en representación de distintas asociaciones y que promueve esta convención, que se convocará "próximamente" con la participación de parcelaciones, comunidades, plataformas o federaciones, en el ámbito regional para "la unidad total y la solución final de cada casa, parcela y problema", precisando que en toda la región hay más de 300.000 familias afectadas.

   Igualmente, muestran "la voluntad de cambiar o que no se aplique" la actual LOUA a los que "quieran legalizar su casa debido al error en su concepto", y que "se incluya la responsabilidad de los especuladores del suelo aparcelado, que siempre han salido indemnes con su indebido enriquecimiento".

   Además, apuntan que no descartan crear partidos vecinales en distintos puntos de Andalucía para concurrir a las próximas elecciones municipales, "creados por y para los parcelistas", y ponen como ejemplo la situación en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, con un gobierno entre el Partido Popular y el Partido Vecinal Regionalista (PVRE), donde éste último tiene la Delegación de Urbanismo.

   Y es que, desde la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir lamentan que "ninguno de los partidos existentes a día de hoy defienden los derechos de los propietarios de las parcelas, siendo una realidad que en tiempo electoral se nos utiliza a conveniencia como arma arrojadiza entre los grandes partidos".

   Asimismo, entre las próximas acciones que estudian, prevén una manifestación frente a la sede de la Junta de Andalucía, en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, para "la defensa" de sus intereses y por "el derribo" de la LOUA, con la participación de gran parte de propietarios de las provincias andaluzas, puesto que, agregan, "los continuos anuncios de elaboración de nuevos decretos son meras maniobras electorales que dejan ver una deficiente legislación de ordenación urbana".

   Al respecto, comentan que han "sufrido durante tres años la publicidad" del Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía, que abre la posibilidad de regularizar viviendas construidas en suelo no urbanizable, si bien "no ha producido ningún efecto positivo al problema del parcelismo".

ABARATAMIENTO DE COSTES

   Por otra parte, consideran que "el abaratamiento de costes" para urbanizar responde a "otra de las tantas maniobras para alcanzar los objetivos recaudatorios que persigue la administración", motivo por el que los propietarios demandan "compromisos ratificados por las autoridades competentes y cuantificados con exactitud, y no expresiones de buenas voluntades".

   De este modo, defiende que "la solución no está en rebajar costes de las obras de urbanización, sino en buscar soluciones negociadas viables tantas veces planteadas por vecinos", teniendo en cuenta "la grave situación que se atraviesa por la actual crisis económica y además padeciendo la falta de servicios básicos, como el derecho universal al agua y el alcantarillado; y asumiendo la carga impositiva como el resto de ciudadanos".

   En definitiva, reclaman "el derecho a vivir" en sus casas, "construidas con el consentimiento de las administraciones y grabadas impositivamente por éstas a lo largo de los años, ingresando ingentes cantidades de dinero en las arcas públicas que en ningún caso revierten en este sector de población", según destacan desde la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir.

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