El PP de Córdoba ha lamentado la situación de "inseguridad y el desconcierto" por el "conflicto laboral y jurídico que el gobierno de la Junta de Andalucía ha creado entre los monitores escolares".
En una nota, la vicesecretaria de Políticas Sociales de PP de Córdoba, Rafaela Obrero, y la coordinadora de Educación, Luisa María Arcas, lo ha puesto de manifiesto tras mantener un encuentro con un amplio grupo de monitores escolares despedidos por la Junta de Andalucía en las provincia de Córdoba y Jaén.
"El gobierno de Susana Díaz, en su política de improvisación sin rumbo ni sentido, ha creado un problema jurídico y laboral a un gran número de trabajadores de centros educativos que están a la espera de sentencias judiciales y de resolución de contratos, y que ven peligrar su empleo", ha criticado Obrero.
Según ha señalado la formación, "a raíz de la implantación del sistema informático, Séneca, la Junta contrató unos monitores escolares, a través de empresas de trabajo temporal, como apoyo de dirección de centros educativos en los periodos de escolarización".
Posteriormente, "el gobierno andaluz puso en marcha el Plan de Choque por el Empleo despidió a esos monitores escolares para que esos puestos de trabajo se cubrieran con otras personas en ese plan de empleo". Así, "esos primeros monitores, denominados 'morados', acudieron a los tribunales y existen sentencias que obligan al gobierno andaluz a readmitirlos".
De este modo, la formación ha recordado que "mientras tanto, la Junta contrató a nuevos monitores escolares, denominados amarillos, para desempeñar el mismo trabajo, en este caso las contrataciones que se realizaron fueron en la modalidad de obra y servicio".
"Algunas de las personas contratadas para estos puestos firmaron contratos sin fecha de inicio ni de finalización de contrato, un contrato por solo ocho horas semanales en la mayoría de los casos" ha señalado Obreros quien además recuerda que eran "unos contratos que desde su inicio adolecían de precariedad, de inestabilidad y de no continuidad en el tiempo, cuando el puesto que deben cubrir existe en los centros educativos durante todo el año y es muy necesario para el correcto funcionamiento de estos centros".
Según la dirigente popular, "la triste realidad es que la mayoría de ellos fueron despedidos antes de que finalizara el periodo escolar, y luego les prorrogaron el contrato con fecha límite de finalización del 14 de noviembre de 2014".
Por su parte, Arcas ha asegurado que "la Junta creó un problema despidiendo a los primeros monitores para que luciera su plan de empleo estrella, y a continuación ha creado otro problema despidiendo a esos nuevos monitores; es decir, ha desvestido a un santo para vestir a otro, generando un problema intencionado entre ambos grupos de monitores y mirando hacia otro lado sin querer asumir su responsabilidad".
La formación también ha recordado que en Andalucía hay 840 monitores de los denominados amarillos afectados por esta forma irresponsable y torticera de gestionar los empleos públicos en los centros educativos, 162 en la provincia de Córdoba.
Desde el PP de la provincia han criticado "que el gobierno de la Junta de Andalucía no puede generar dos problemas similares, con grupos de personas que están en similares circunstancias, y después mirar para otro lado, sin asumir ni acatar las sentencias judiciales, sin resolver contrataciones oscuras y susceptibles de denuncia, como así ha ocurrido por ambas partes".
Por ello, Arcas ha exigido responsabilidades a los mandatarios del gobierno andaluz, principalmente el consejero de Educación, Luciano Alonso, por "el trastorno laboral, jurídico y administrativo que está creando a estos trabajadores, y de forma indirecta a los centros educativos donde han venido prestando sus servicios", a la vez que ha añadido que "la administración pública no puede estar para crear problemas a los ciudadanos sino para solucionarlos".
Finalmente, la parlamentaria andaluza se ha comprometido a "interrogar" al Consejero de Hacienda y Administración Pública sobre este asunto en sede parlamentaria y a "exigir responsabilidades y soluciones para este colectivo de monitores escolares andaluces y cordobeses".
