Hace quince meses que celebraba el acuerdo del Ayuntamiento de San Fernando con la plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio. Festejaba que un servicio público volvía a ser público, como tiene que ser, sin externalizaciones ni adjudicaciones que son una forma de privatización encubierta y con cargo a las arcas municipales (es decir, al dinero público). Me congratulaba de que, por fin, la parte política se hiciera cargo de sus responsabilidades sin poner intermediarios como escudo ante cualquier incumplimiento. Y, quince meses después, la plantilla ha vuelto a concentrarse. En plena celebración de Halloween, en pleno temporal de viento y lluvia, las pitufinas vuelven a verse obligadas a reivindicar sus derechos y teñir de turquesa las cercanías del Consistorio.
Ni siquiera esta vez cargaré las tintas contra Claros, la empresa que actualmente sigue gestionando este servicio y cuyos incumplimientos en materia laboral y salarial dieron pie a las primeras protestas de la plantilla. Y no lo haré porque la responsabilidad es indelegable: se puede delegar la gestión, como se está haciendo, pero la responsabilidad no cambia de manos. Y el responsable no es otro que el Ayuntamiento. Por delegar la gestión en una empresa que incumple y porque el propio Consistorio está incumpliendo los acuerdos, tanto el alcanzado con la plantilla como el propio acuerdo en Pleno Municipal para gestionar la recuperación del servicio. Quince meses, señora Cavada, quince meses nada menos.
Desconozco qué trámites, complicaciones y pasos pueden quedar, de hecho desconozco cuáles había. Pero hay una plantilla que ha padecido y padece inestabilidad tanto laboral como salarial, que está en una bolsa de horas donde se entra pero no se sale, que se ven con reducciones que afectan (lógicamente) a sus nóminas y ahí están: sin saber a ciencia cierta cuántas horas trabajarán, cuántas horas tendrán para sus familias y con qué ingresos cuentan para mantener a sus hijos. Es decir, no saben si tendrán mucho o poco trabajo, si podrán conciliar la vida profesional y familiar o si podrán pagar la hipoteca, el alquiler o comer tres veces al día. Hay que hacer lo que haya que hacer y, además, rapidito. Que para eso le pagamos y le votamos. Quince meses, señora Cavada, quince meses.
No sólo desconozco qué trámites y pasos hay que seguir o qué complicaciones se han producido. Sinceramente, es que me da igual. Ese acuerdo se alcanzó en agosto del año pasado y no me creo que todo sea tan complejo como para tener a familias monoparentales cobrando cuatrocientos euros por una reducción de horas, tener una empresa al frente que incumplió el contrato de adjudicación con reiteración y alevosía y, para colmo, tener pendiente una denuncia contra Mariola Quesada, su representante sindical, por llamar a las cosas por su nombre. ¿Estamos locos? ¿Cuándo piensan cerrar este proceso que no puede ser tan largo e incierto? Quince meses, señora Cavada, quince meses.
Y, sobre todo, me preocupa enormemente esta dilación inexplicada, inexplicable e inadmisible en un proceso que debería ser prioritario para la alcaldesa de un partido que lleva entre sus siglas la palabra «obrero» aunque a veces hayan hecho falta que lo adelanten por la izquierda para recordarlo. Sinceramente, sería doloroso que mis queridas pitufinas, esa plantilla que da dignidad a las personas dependientes desde el Servicio de Ayuda a Domicilio, tengan que esperar a otro año preelectoral para que se cumplan los acuerdos alcanzados nueve meses antes de unas elecciones. Porque, aunque tenga que recordar que ese acuerdo seguramente le dio votos, su incumplimiento se los puede quitar. De momento, las calles visten de turquesa porque la plantilla vuelve a estar harta de esperar. Quince meses, señora Cavada. Quince putos meses.
