Contención del gasto

 Tras el decretazo de esta semana y el esperpéntico espectáculo vivido en torno a la congelación de crédito en inversiones para los ayuntamientos –un error “sin importancia” en la publicación de fechas, dicen, y casi matan del susto a mil alcaldes españoles-, la conciencia colectiva parece que asume que el boquete de la actual crisis es mucho más profundo de lo que interesadamente nos habían hecho ver. Inquietante. Los recortes, lejos de acabar, no han hecho sino comenzar, y el siguiente capítulo será en torno a la reforma laboral, para lo cual patronal y sindicatos deberían ponerse de acuerdo y no lo harán. Nuevo decretazo, pues, y habrá que ver si solo afecta al sector privado o por fin tienen la valentía de acometer la esperada reforma laboral de las administraciones públicas.
Un país que para que Chaves, nacido en Ceuta, y Montilla, en Córdoba, hablen nada menos que del problema nacional que significa el Estatut, necesitan de un intérprete y, claro, gallegos, vascos y valencianos piden otro por cabeza, y la charlita mañanera, que para nada sirve, le sale al contribuyente por 8.500 euros. Con eso, reconozco que demagógicamente hablando, se crea un puesto de trabajo que alimente a una familia todo un año, salvo que el intérprete no sepa traducir esta matemática. Pero en el fondo de la cuestión voy a la contención del gasto público en reducción de ministerios, en coches oficiales, en infinidad de inútiles cargos públicos que solo aportan engorde al aparato y en una política que ha alimentado la subvención por encima de la incentivación de los elementos productivos. España tiene más coches oficiales que Estados Unidos, a pesar de que la población allí es seis veces mayor. Eurodiputados de países nórdicos acuden a su puesto de trabajo en metro o, incluso, en bicicleta, y como contraste es común la imagen del típico político de país bananero en Rolls-Royce. ¿A quién nos parecemos más nosotros? Solo por el centro de Sevilla circulan a diario más de 200 vehículos oficiales y más de 30.000 en toda España. Demasiado, ¿no?
La Administración ha sido y es absolutamente derrochadora con el dinero público, que es de todos, y no es solo cuestión de que políticos se bajen el sueldo sino que sean responsables con lo que gastan y mucho más exigentes con la productividad. Hay demasiados espectadores subvencionados y planificadores de siembra, protegidos con convenios colectivos públicos intocables, y cada vez menos agricultores a pie de tajo y, claro, luego no hay pan para todos. El colmo es que sea el agricultor al final el que se quede sin comer.