El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, imputa tanto a la abogada sevillana R.M.P.S. como a su colega barcelonés J.R.P. y a la madre de este último, A.M.P.F., que serán juzgados los próximos días 21 y 22 de noviembre en la Audiencia de Sevilla.
Según la Fiscalía, la letrada sevillana concertó un contrato de franquicia con los otros dos acusados y abrió un bufete de abogados en la céntrica avenida de la Constitución de Sevilla, que anunció en diversos medios de comunicación de la ciudad a partir de agosto de 2005.
En octubre de 2005, inducido por dicha publicidad, solicitó sus servicios el matrimonio formado por J.M.P. y C.J.P., que tenía dos hijos declarados en desamparo y tutelados por la Junta.
Con el "señuelo de que necesitaban una vivienda en mejores condiciones", según el fiscal, y como la esposa era propietaria de una casa junto con su hermana, la abogada les ofreció la venta de dicha vivienda a la empresa catalana a la que representaba y alquilar "otra más higiénica".
La esposa tenía una minusvalía psíquica del 67 por ciento y su hermana del 76 por ciento, con "gran afectación de su capacidad de abstracción y comprensión e importante merma de su capacidad cognoscitiva", problemas que también sufría su marido.
Esta limitación psíquica causaba a los tres afectados "dificultades de comprensión si se les plantean cuestiones complicadas en lenguaje que les sea inasequible", sostiene la Fiscalía.
El matrimonio accedió a las pretensiones de los acusados y el 20 de noviembre de 2006 vendió ante notario su casa a la sociedad de los imputados catalanes, "con pleno conocimiento y decisión de la primera acusada", según el fiscal, que imputa a cada uno de ellos un delito de estafa, con una pena aparejada de seis años de cárcel.
Los afectados no percibieron ningún dinero por su casa ni la letrada hizo ninguna gestión sobre el encargo profesional relativo a la custodia de los hijos, según la acusación.
Junto a los seis años de cárcel, el fiscal solicita para cada acusado 15 años de inhabilitación para ejercer como abogado, una multa de 54.000 euros y la devolución al matrimonio de 50.000 euros
