El desahucio de cuatro ancianas de la residencia Marymar de Benalmádena que Unicaja pretende que autorice un juzgado continúa movilizando a la sociedad, que ya ha sido protagonista de varias manifestaciones en contra el cierre que pretende materializar la Obra Social de esta entidad.La próxima protesta está convocada por el Movimiento 15M de Málaga a través de las redes sociales y será el 24 de noviembre frente a los juzgados de Torremolinos, donde se celebrará la vista que determinará si la Justicia acepta las medidas cautelares solicitadas por Unicaja, en concreto, la salida de las cuatro ancianas que aún permanecen en su interior ante el estado de deterioro del edificio.

La vista es el primer paso de la demanda de Unicaja contra las ancianas para extinguir el contrato indefinido “por desestimiento unilateral” argumentando el estado de deterioro del edificio, solicitando el desahucio de las cuatro residentes.Sin embargo, según el informe elaborado por la entidad y facilitado a los familiares de las residentes, las deficiencias detectadas no reflejan un estado de ruina tal que justifique un desalojo, sino que son reformas que podrían realizarse sin necesidad de que se marchen los usuarios.Ya ha habido numerosas manifestaciones contra la decisión de Unicaja de cerrar la residencia, tras comunicar en abril que debía realizarse reformas e instar a los usuarios a trasladarse. La mayoría de los usuarios aceptó marcharse pero cuatro exigen el cumplimiento de su contrato.

El informe de Unicaja sobre la residencia no refleja su ruina

El informe técnico que ha elaborado la Obra Social de Unicaja para justificar la extinción “por desistimiento unilateral” de los contratos de las cuatro ancianas que pretenden desahuciar de la residencia Marymar de Benalmádena no reflejan “un daño estructural” que justifique la salida de las usuarias y que será decidida por la justicia tras pedir Unicaja medidas cautelares solicitadas, según la letrada de las familias afectadas, María del Mar Bourman.

Así, el próximo 24 de noviembre se celebrará una vista en la que el juez decidirá si acepta las medidas cautelares solicitadas por Unicaja en su demanda de desahucio, que solicitaba el traslado forzoso de las cuatro ancianas por motivos de seguridad.

El informe, facilitado a los familiares de las ancianas, recoge numerosas deficiencias que habría que subsanar en el centro y que a juicio de la letrada son reformas que no justifican un desahucio, como la sustitución de tuberías, instalación de aire acondicionado en todas las habitaciones, adecuación de salidas de emergencia, deterioro de sistemas de detección de humo, falta de pintura en pilares o corrosión de otros elementos.Según Del Río Boumarn, sólo requeriría una actuación en profundidad la sala de máquina de calderas, que puede hacerse sin que las ancianas sean desahuciadas, y la piscina, que puede clausurarse sin afectar al normal funcionamiento del geriático.

La Obra Social de Unicaja realizó, según consta en los documentos de la letrada, un informe en septiembre de 2010 que señala algunas de estas deficiencia y cuyas reformas fueron inauguradas por el entonces alcalde Enrique Moya el pasado marzo.Fue ya en abril cuando Unicaja decidió comunicar a los residentes la necesidad de reformas e instaba a los usuarios a aceptar su traslado a otros centros de la Obra Social o cercanos concertados, según la propia Unicaja.

“Todos los años se hacían reformas y al principio, la gente no se fue”, relata María del Río Bourman, señalando que fue en ese momento cuando decidieron apuntalar algunos muros para “amedrentarlos”, aunque la Policía Local los denunció por no tener licencia de obras, multa que se paralizó en espera de un informe técnico para determinar si el edificio estaba en ruinas, informe que “nunca llegó” al Ayuntamiento.

La letrada y los familiares confirman que ni la Obra Social ni Unicaja se han puesto en contacto con ellos para alcanzar un acuerdo antes de llegar a los tribunales, única vía de comunicación que mantiene la caja con ellos. Los familiares insisten en que se debe respetar el contrato y que el estado del edificio no justifica el desahucio.