El Ministerio Público se ha pronunciado a través de un escrito respaldado por el teniente fiscal, Juan José Martín Casallo, en el que solicita al Supremo la admisión a trámite de la exposición razonada elevada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, que investiga lo hechos y apreció la existencia de un posible tráfico de influencias. Pide también a la Sala de lo Penal el nombramiento de un magistrado instructor que inicie las pesquisas.
Martín Casallo es la máxima autoridad fiscal en este asunto tras apartarse del mismo el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, después de reconocer su amistad con el ministro en funciones.
La Sala que debe decidir ahora si se abre el procedimiento contra el ministro en funciones está integrada por el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y por los magistrados Francisco Monterde y Julián Sánchez Melgar, a los que se unirán otros dos aún por designar.
INFORME SECRETO
Se desconoce que indicios de delito en concreto podría ver de momento la Fiscalía en la actuación de Blanco, ya que el informe no ha sido facilitado por el Ministerio Público, que alega que la causa está secreta. Unicamente ha emitido una nota de prensa señalando que debe abrirse causa y nombrar un instructor.
La petición de la Fiscalía, que no es vinculante, responde a la petición realizada por la propia Sala Segunda del alto tribunal el pasado 11 de noviembre, y ahora la Sala de Admisiones es la que debe resolver ahora si debe comenzarse a tramitar una causa criminal a resultas de lo que remitió la juez de Lugo Estela San José. En la exposición razonada se incluyen varias declaraciones incriminatorias vertidas contra Blanco por el empresario Jorge Dorribo.
Lo que todavía no se ha resuelto es la petición presentada el pasado viernes por la defensa de Blanco, que ejerce el letrado Gonzalo Martínez Fresneda, para poder personarse en la causa y conocer de qué se acusa a su cliente. La resolución sobre este extremo se producirá previsiblemente en el caso de admitirse finalmente a trámite la causa contra el miembro del ejecutivo en funciones que preside José Luis Rodríguez-Zapatero.
En el marco de la 'Operación Campeón' sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones, han sido detenidas 15 personas, entre ellas el empresario farmacéutico Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape, todos ellos en libertad, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar subvenciones públicas.
Dorribo ha acusado a Blanco en sus distintas declaraciones ante la juez de Lugo de cobrar comisiones a través de la empresa de instalaciones eléctricas de un primo político, Manuel Bran, a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad .
TRES OPCIONES
Tras conocer el dictamen del fiscal, el alto tribunal podría optar por archivar el asunto, admitir la causa y nombrar instructor de la misma o bien por pedir a la juez de Lugo que continúe con sus indagaciones y concrete las imputaciones al ministro antes de abrir formalmente un procedimiento contra él.
Dorribo, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión el pasado mes de mayo tras su detención como supuesto cabecilla de una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, pero consiguió la libertad tras declarar, el 8 de agosto, ante la jueza que instruye el caso.
Dorribo implicó en el cobro de comisiones irregulares a cambio de un trato de favor para conseguir subvenciones al ministro de Fomento, José Blanco; y a los ya ex diputados Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG. Los dos últimos dimitieron tras la publicación de estas informaciones. Uno de los supuestos pagos se habría realizado, en metálico en una gasolinera situada en el término lucense de Guitiriz.
El ministro de Fomento ha manifestado de forma reiterada que es "falso" que el empresario Dorribo pagase 200.000 euros a un primo suyo para poder reunirse con él y ha insistido en que confía "plenamente" en la "acción de la Justicia".
En la exposición razonada que la juez ha remitido al Tribunal Supremo se señala que la Fiscalía de Lugo apoyaría una investigación al ministro en funciones por un posible delito de tráfico de influencias derivado de la existencia de mensajes de móvil que vincularían a Blanco con un presunto trato de favor al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco.
