El Defensor del Ciudadano criticó en 2007 la labor en materia de orden público, que corresponde a la Policía Nacional
El Ayuntamiento de Sevilla informó el pasado lunes al sindicato mayoritario de la Policía Local, el Sppme, cuáles serán los cinco ámbitos de actuación de la futura Unidad Especial de Intervención (UEP), anunciada por el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Asentamientos chabolistas, prostitución en la vía pública, venta ambulante, gorrillas y botellones. Es lo único que le ha sido comunicado de forma oficial a este sindicato, según explicó a este periódico su secretario de organización, Carlos Guerra, que desconoce si esta nueva unidad realizará labores propias de antidisturbios.
Guerra defiende la adquisición de “material de defensa”, como furgones, cascos o escudos, similares a los que usan los antidisturbios de la Policía Nacional, para “tener protección como cualquier otro cuerpo policial”, y asegura que hay actuaciones, como las intervención en botellones, “en la que es fácil que salte la chispa”.
Precisamente fue un altercado durante una protesta contra la Ley Antibotellón la que motivó en febrero de 2007 un informe del Defensor del Ciudadano, organismo del propio Ayuntamiento, en el que recordaba a la Delegación de Gobernación que “las competencias en materia de orden público o seguridad ciudadana no son características de los Cuerpos de Policía Local”, trabajo que corresponde a la Policía Nacional.
“El problema de los botellones es que se pueden convertir en cualquier momento en un problema de orden público”, explica Luis de los Santos, miembro del Grupo de Juristas 17 de Marzo, que cree que el grupo anunciado por Zoido “no cumple con las garantías constitucionales”. Para explicar este extremo, el abogado pone como ejemplo que “los antidisturbios de la Policía Nacional están obligados a llevar su número de identificación profesional visible, algo que no ocurre con la Policía Local”.
El Defensor del Ciudadano, que por entonces era Luis Pizarro, aceptó a trámite la queja de varios jóvenes que, según denunciaron, fueron agredidos cuando participaban en una concentración que no había sido comunicada a la Subdelegación del Gobierno. Según el informe del Defensor, los botellones son “una infracción administrativa”, a los que no corresponde ninguno de “los supuestos” que la Ley de Derecho de Reunión establece como motivo para la disolución de reuniones.
El Ayuntamiento nunca contestó al Defensor
Luis Pizarro, Defensor del Ciudadano en 2007, solicitó de forma oficial al Ayuntamiento, a la Delegación de Gobernación y a la Policía Local información sobre el uso de material antidisturbios por parte de este cuerpo en diferentes actuaciones “que no eran de su competencia” y que se saldaron con heridos. Pizarro lamentó en su día que a pesar de realizar el informe “sólo” pudo obtener “evasivas” como respuesta.
