El Defensor del Pueblo viene reclamando desde 2005 y sin éxito que se dicten instrucciones claras de actuación sobre el uso de material antidisturbios en las fronteras de Ceuta y Melilla, igual que viene demandando desde entonces a los sucesivos responsables del Ministerio del Interior (PSOE y PP) y las delegaciones del Gobierno de las ciudades autónomas que acaten la Ley de Extranjería y eviten la 'devolución en caliente' de inmigrantes que han alcanzado tierra o aguas españolas.

   La primera referencia en los informes anuales de la Institución al uso de material antidisturbios como las pelotas de goma figura en 2005, cuando una ONG melillense dirigió una queja por la actuación policial tras un intento de salto en grupo de la valla de Melilla que se saldó con un gran número de heridos, entre ellos menores de edad y muchos con rotura de extremidades, que, además, fueron devueltos sobre la marcha a territorio marroquí.

   Ocurrió el 23 de junio de aquel año e intervinieron tanto la Guardia Civil como un Tercio de la Legión que se encontraba de maniobras en la zona. Según la información oficial recogida por el Defensor del Pueblo, se emplearon "unas 100 pelotas de goma" para "frustrar la entrada" de unas 190 personas. Otras 80 fueron detenidas, aunque la secretaría de Estado de Seguridad no llegó a precisar cuál fue su destino. Tampoco abrió una investigación porque no observó "ninguna actuación sancionable penal ni disciplinariamente".

   El Defensor del Pueblo, que entonces era Enrique Múgica, también investigó la aparición el 29 de agosto de ese mismo año del cadáver de un joven camerunés de unos 17 años junto a la valla de Melilla, horas después de que la Guardia Civil reprimiera "con pelotas de goma y defensas" el intento de entrada de 300 personas. Tras una investigación interna en la Guardia Civil, se concluyó que no había indicios para relacionar a ningún agente con el fallecimiento.

   "El Defensor del Pueblo no puede llegar en sus investigaciones más allá del territorio español y tanto el cadáver como el único testigo que relacionaba la muerte con la actuación de fuerzas españolas se encuentran en territorio marroquí", concluía el reporte, en el que se advertía además, de que Interior no había abierto ninguna investigación de las acusaciones de violencia desproporcionada en la frontera.

PREOCUPACIÓN POR LA AUSENCIA DE CRITERIOS

   Asimismo, expresó "preocupación" por el uso de las pelotas de goma en Melilla: En la zona entre la doble valla que marca la frontera, porque "la recepción de un impacto directo a tan corta distancia podría ser causa de lesiones graves", y contra quienes estuvieran en la parte alta de la valla, porque el impacto además de herir, podría provocar la caída desde una altura de 3 a 6 metros, con el consiguiente riesgo para la vida.

   La Institución dejó constancia en su informe de "la ausencia de criterios claros para el empleo adecuado de estos medios de contención" y dijo que era "necesario un protocolo de intervención adaptado a la estructura del perímetro fronterizo y a las condiciones en que deben desarrollarse estas actuaciones". Así se lo trasladó a la Secretaría de Estado de Seguridad, que en 2005 dirigía el socialista Antonio Camacho.

   La respuesta fue recogida ya en el informe de 2006: "no cabe establecer un protocolo estándar sobre el uso de los medios antidisturbios en estos emplazamientos, debido a la configuración del perímetro y la orografía", contestó la Secretaría de Estado. También indicó que dichos medios "se utilizan siempre conforme a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad", mismo argumento que esgrimen los actuales responsables de este departamento.

DEVOLUCIONES EXPEDITIVAS, AL MARGEN DE LA LEY

   Aquel informe dedicaba varias páginas también a analizar las 'devoluciones en caliente' ante la constatación de que se practicaban en las ciudades autónomas. "La práctica de devolver de manera expeditiva a todas las personas cuando ya se encuentran en territorio español, sin cumplir con las formalidades de la ley, deja sin posibilidad alguna de solicitar protección a las personas que puedan desear acogerse a ese derecho. Esto puede suponer una vulneración de las obligaciones internacionales asumidas por España que no debiera seguir produciéndose", dijo en 2005.

   En este sentido, demostró que varios solicitantes de asilo fueron trasladados desde Ceuta al perímetro fronterizo "y devueltos al lado marroquí sin ninguna formalidad y en contravención de las leyes españolas" y llamó la atención para "dejar claro que quienes actúan de esta forma lo hacen al margen de la ley".

   También "constató" devoluciones ilegales desde la ciudad de Melilla en el informe de 2006, cuando se entregó a Marruecos a personas que llevaban incluso más de dos días en territorio español, y envió un recordatorio de deberes legales a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, institución que dijo haber dictado instrucciones para evitarlo.

   En los informes de 2006 y 2007 retoma esta cuestión por el caso concreto de Melilla. Se ha instalado una sirga tridimensional entre las dos vallas que marcan la frontera y el Defensor del Pueblo, contra el criterio de la administración, defiende que quienes caigan en ese área, estarán en suelo español y por tanto habrá que aplicarles la Ley de Extranjería, es decir, no se les puede devolver sobre la marcha a Marruecos.

2008 y 2009, DEVOLUCIÓN DE LOS QUE LLEGAN EN PATERA

   En el año 2008, tras varias investigaciones sobre devoluciones expeditivas a Marruecos de personas rescatadas del mar constató de nuevo que se habían realizado sin cumplir la legislación. "Esta Institución entiende que las devoluciones se desarrollaron sin garantías, vulnerando obligaciones positivas que incumben a España como parte de la Convención de los Refugiados, el Convenio Europeo contra la Tortura y el Convenio Europeo de Derechos Humanos", volvía a denunciar el Defensor del Pueblo.

   Aquel año, destaca una "ilegalidad" de la Guardia Civil en Ceuta, la deportación a Marruecos de un hombre rescatado del mar que intentó pedir asilo y su hijo menor de edad, alegando que eran náufragos. La Institución manifestó "su honda preocupación ante la justificación

ofrecida para impedir el acceso a territorio nacional de estas personas" y su "radical oposición" a los criterios utilizados para deportarles.

   En 2009 recordó a la Delegación del Gobierno en Ceuta su "deber legal de realizar los trámites para la devolución de extranjeros en los

términos exigidos" en la ley y criticaba que cinco años después de advertirle sobre la ilegalidad en la devolución expeditiva de un grupo de inmigrantes subsaharianos, no se hubiesen adoptado directrices de actuación que evitase esta prácticas.

   Ya en el informe correspondiente a 2012, la institución recupera este asunto en relación con el grupo de inmigrantes que llegaron a la Isla de Tierra: "no se puede compartir que las actuaciones llevadas a cabo se adecuaran al ordenamiento jurídico vigente", dijo sobre la devolución de las personas interceptadas.

   Recordó entonces a la Secretaría de Estado de Seguridad, ya bajo mando del 'popular' Francisco Martínez, que "cuando se intercepta a un extranjero cuyo propósito sea entrar de manera irregular en España este ha de ser puesto a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, para

que se incoe el oportuno expediente de devolución, en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000" (la de extranjería). Su contestación quedará recogida en el siguiente informe anual, que se presentará próximamente en el Congreso.