El Ministerio de Justicia calcula que son necesarias 282 nuevas plazas para poner fin a "la situación de desequilibrio" entre el número de miembros de la Carrera Judicial que se encuentran en activo y la cantidad de plazas judiciales existentes. De ellas, considera que la Audiencia Nacional debería reforzarse con dos nuevos jueces para agilizar las causas contra la corrupción.
El proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes, al que ha tenido acceso Europa Press, precisa que esta dotación no debe conllevar ningún incremento presupuestario y critica el "galimatías" al que ha contribuido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha gestionado este excedente de jueces "sin consultar" al Ministerio de Justicia ni las comunidades autónomas con las competencias transferidas.
En concreto, el texto considera necesarias 108 plazas en Audiencias Provinciales, dos en Tribunales Superiores de Justicia y otras dos plazas de magistrado para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el marco de las "medidas de lucha contra la corrupción impulsadas por el Gobierno con el fin de que la justicia sea cada vez mas rápida, diligente y eficaz a pesar del actual contexto económico de contención del gasto público".
Las 167 plazas restantes corresponderían a jueces de adscripción territorial para que realicen funciones de refuerzo y sustituciones con el objeto de paliar las "posibles situaciones de agravio comparativo" con el resto de juzgados unipersonales, que "en algunos casos soportan una elevada carga de trabajo". Excepcionalmente, contempla la constitución de tres juzgados de lo Penal en Huesca, Palma de Mallorca y Tortosa.
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
"Esta creación no conlleva incremento presupuestario puesto que lo único que se pretende es crear plazas a las que poder destinar definitivamente a todos aquellos integrantes de la Carrera que no disponen de la misma pero que actualmente desarrollan las funciones que le son propias a través de diferentes figuras, como comisiones de servicio, refuerzos, sustituciones, etc.", recoge el texto suscrito por el anterior secretario de Estado, Fernando Román.
Según dice, el coste teórico anual una vez creadas las plazas quedaría en 367,5 millones de euros. Un total de 348 millones correspondería al coste de las 5.155 plazas actuales y los 19,5 restantes a las 282 nuevas. "La creación de nuevas unidades judiciales conlleva un coste mínimo derivado de la diferencia retributiva de la plaza que ocupan como apoyo y la que se cree de forma definitiva", precisa.
En el texto, con fecha del pasado 25 de septiembre, el Ministerio explica que fue a principios de 2012 cuando "tomó conciencia" del problema de tener un "elevado" número de jueces con expectativas de destino como consecuencia de que durante los tres últimos años se convocaron oposiciones para ingresar en la Carrera sin haberse incrementado la planta judicial.
El proceso selectivo seguía siendo necesario para afrontar el número de procedimientos judiciales y equiparar la realidad española a la media europea, que se sitúa en unos 23 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que en nuestro país el promedio está en diez magistrados.
"El problema se agrava debido a la inminente salida de la Escuela Judicial de la promoción 64", añade, para criticar que la decisión adoptada en 2013 por el CGPJ "complicó sobremanera" el panorama al haber destinado la totalidad de la promoción a refuerzos sin consultar al Ministerio ni las comunidades.
"La conclusión a este galimatías fue un número superior a 364 jueces y magistrados titulares fueron destinados provisionalmente a otros juzgados o tribunales y la nueva promoción, 231 efectivos, quedó finalmente incorporada si bien en idéntica situación de interinidad", concluye. Justicia anunció el pasado octubre que convocaría cien plazas de jueces y fiscales para 2015.
