El PSOE ha pedido este lunes la dimisión del alcalde de Cogollos de Guadix (Granada), Eduardo Martos (PP), y su cese como diputado provincial después de que un Juzgado haya acordado procesarlo por un delito de prevaricación por omisión tras una denuncia por presunto fraude electoral que presentó Ciudadanos.
La secretaria de Organización del PSOE de Granada, Ana Muñoz, ha exigido al presidente provincial del PP y de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, que "dé la cara" sobre la posición de su partido en relación al procesamiento judicial del alcalde y diputado provincial de Asistencia a Municipios y Emergencias.
En un comunicado, el PSOE se refiere al procesamiento del alcalde por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Guadix, que la semana pasada dio por concluida la instrucción de la causa y acordó continuar las diligencias por el trámite de procedimiento abreviado.
El PSOE critica que "a pesar de la gravedad de estas acusaciones y del impacto que podrían haber tenido en los resultados electorales", ni el alcalde ni el presidente provincial del partido han adoptado "ninguna medida ni han aclarado unos hechos que ponen de manifiesto una posible manipulación del proceso electoral en beneficio del PP", según Muñoz.
Ha instado al presidente del PP y de la institución provincial a que diga "si sigue amparando a Martos y respalda su conducta ante unos hechos que ya se encuentran judicializados y que podrían llevarle próximamente a sentarse en el banquillo por este presunto caso de fraude electoral".
La decisión del juez es contraria a la petición de la Fiscalía, que al igual que la defensa de Martos solicitó el archivo de la causa en la que también se procesa a una vecina acusada de un delito de falsedad electoral en el voto por correo.
La causa, vinculada a las elecciones municipales de 2023, se abrió tras la denuncia de Ciudadanos, partido en la oposición que ejerce la acusación popular.
Según el auto, en las pasadas elecciones una vecina descubrió cuando fue a votar que ya se había ejercido su derecho con un voto por correo, por lo que se anuló y se investigó la trazabilidad de esa petición.
Esa investigación condujo a la otra procesada, una trabajadora municipal que cuidaba a la afectada.
El juez instructor recuerda que, según un informe policial sobre el censo de este municipio, de unos 650 habitantes, existía en Cogollos un número "considerable" de personas empadronadas que no viven en la localidad y que estarían vinculadas al alcalde y sus intereses.
Aunque Martos presentó un recurso alegando su indefensión en el proceso, porque no tuvo acceso a la instrucción hasta meses después de comenzar, el juzgado las ha rechazado.
