Los servicios sociales comunitarios atienden al año a 700 familias y 1.430 menores

Publicado: 13/01/2013
Se presta asistencia a las familias en riesgo por crisis, seguidas de las que están en riesgo crónico, las que se encuentran en situación disfuncional por crisis y las que están en situación disfuncional crónica
La Diputación de Huelva, a través del Área de Bienestar Social, presta asistencia a más de 700 familias y casi 1.430 menores al año dentro del denominado Servicio de Atención a las Familias (SAF) y del Programa de Tratamiento a Familias con Menores. Estos equipos de atención y tratamiento familiar están coordinados por las nueve Zonas de Trabajo Social de los servicios sociales comunitarios que existen en la provincia.

Según indica en un comunicado la Administración provincial, el SAF ofrece de manera individual apoyo profesional a personas y familias en las que se detectan problemas como dificultades de relación entre sus miembros, así como en las relaciones de éstos con el entorno, de forma que se produce una situación de desajuste convivencial.

De este modo, se presta asistencia tanto a las familias en riesgo por crisis --que suponen el mayor número de familias atendidas, un total de 190 familias--, seguidas de las que están en riesgo crónico, 130 familias, las que se encuentran en situación disfuncional por crisis, 128 familias y, por último, las que están en situación disfuncional crónica, 97 familias. Ascendiendo el total de familias atendidas desde este Servicio a 545 familias y un total de 1.080 menores.

Las problemáticas más frecuentes en la familias que encuentran los trabajadores de los servicios sociales comunitarios son los conflictos en las relaciones familiares, dificultades de conductas, dificultades escolares y de formación, así como carencia y limitación de recursos materiales (económicos, vivienda) y dificultades para el empleo.

AYUDAS ECONÓMICAS

Por eso, según explica la Diputación, en algunos casos en los que se estima necesario, junto a la asistencia y el apoyo a las familias, se les concede una ayuda económica familiar encaminada a solucionar los posibles problemas para dar una atención adecuada a los menores.

En este caso, estas ayudas se conceden siempre que haya menores de edad en la familia y los técnicos lo consideren necesario u oportuno dentro del plan global de asistencia a esta unidad familiar. Además, la cuantía de esas ayudas económicas asciende a más de  65.000 euros al año. A ellas se unen las ayudas de emergencia social, que suponen una media de 20.000 euros anuales, y que se conceden, como su nombre indica, en situaciones excepcionales de emergencia. Se destinan a muy diversas cuestiones como hacer frente a un incendio de vivienda o de los muebles, obras de emergencia en las casas, atender a necesidades básicas o hacer frente a pagos como el alquiler o la luz y el agua, entre otras cosas.

El Programa de Tratamiento Familiar con Menores en Riesgo Social, por su parte, ofrece un tratamiento específico para unidades familiares con un alto riesgo de negligencia o maltrato de los menores cuando la intervención del SAF es insuficiente o se precisa un tratamiento complementario.

Estos equipos trabajan en la provincia desde el año 2003, mediante el convenio de colaboración suscrito entre la Diputación de Huelva y la Consejería para la Salud y Bienestar Social.

En este caso, la cantidad asignada por la Consejería en la prórroga del convenio 2012-2013 asciende a 580.176 euros y por la Diputación a 202.077 euros. Con la cifra total de 782.253 euros se financia el mantenimiento del Programa y de los equipos de tratamiento familiar que se encargan de ejecutarlo y de trabajar con las familias de los menores.

Así, la tarea profesional de estos equipos consiste en desarrollar un Proyecto de Tratamiento Familiar individualizado y temporalizado para los menores y las familias, con el objetivo de prestar la ayuda profesional necesaria para resolver los conflictos familiares, "aplicando las técnicas más adecuadas y ajustadas a las peculiaridades de cada caso, y gestionando los recursos necesarios que apoyen a las familias adecuadamente en la resolución del conflicto existente".

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