Pedro Jiménez califica el recurso del gobierno del PP al Decreto de la Vivienda de “ataque directo a los más débiles”

Publicado: 11/07/2013
Anima a la ciudadanía a participar en la concentración convocada para mañana porque “sí se puede”
El coordinador provincial de IU LV-CA, Pedro Jiménez, ha calificado el recurso presentado por el gobierno del PP al Decreto para garantizar la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía de “ataque directo a la mayoría social, en el que el ejecutivo de Rajoy pone los recursos del gobierno central al servicio de los especuladores que han provocado la actual crisis económica en contra de los más débiles”. Jiménez señala que esta medida antisocial del PP “no va a hacer que nos resignemos ni nos rindamos”, por ello hace un llamamiento a toda la sociedad onubense para que participen mañana viernes a las 12 horas en la concentración convocada por Izquierda Unida ante la sede de la Subdelegación del Gobierno en Huelva para protestar contra el recurso y exigir su retirada.

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva considera que “el Decreto de la Junta de Andalucía es totalmente constitucional y que el recurso del gobierno no tiene ninguna justificación, sino es la de tratar de cercenar la esperanza de mucha gente ante la certeza de que otra política al servicio de la ciudadanía y de sus derechos es posible”.

“El PP demuestra que usa los votos de millones de personas para ponerse al servicio de una elite financiera que es la que dicta lo que tiene que hacer el actual gobierno, mientras la imagen del ejecutivo y de su partido se hunde día tras día envuelta en la corrupción”, señala Jiménez.

El Decreto Ley de la Vivienda lleva tres meses en vigor y ha servido para demostrar que se pueden modificar las condiciones injustas que ha provocado un mercado inmobiliario que ha actuado en contra de la gente y con la única finalidad de seguir enriqueciendo a la minoría que controla las entidades financieras. Desde su promulgación, el decreto ha servido para iniciar doce expedientes de expropiación para evitar desahucios en Andalucía, donde hay más de 700.000 viviendas vacías y donde se han producido desde 2007 más de 80.000 desahucios.

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