Toque de atención en Doñana

Publicado: 16/09/2013
La Memoría de la Fiscalía General del Estado advierte de “numerosos casos” de extracciones ilegales y de la permisividad que ha habido
Son muchas las veces en que se nombra a Huelva en la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2013, correspondiente al pasado año 2012 y que se presentó este lunes en la ceremonia de apertura del año judicial, aunque en el ámbito de Medio Ambiente y Urbanismo, la Fiscalía de Huelva hace apuntes de especial relevancia, principalmente en relación con el Espacio Natural de Doñana.

Así, además de destacar que durante el pasado año se desmanteló una red de agentes de medio ambiente corruptos que venían recibiendo sobornos de propietarios de varias fincas en el área de Doñana para no denunciar los cambios de uso y delito en materia de ordenación del territorio cometidos, se hace especial hincapié y se da un toque de atención sobre las extracciones y el uso ilegal del agua.

La Fiscalía onubense se refiere a los “numerosos casos” de extracciones ilegales de aguas en el entorno de Doñana, y destaca que se ha abierto una investigación conjunta sobre el tema entre la Fiscalía y la Unidad Coordinadora. Del mismo modo, se apunta en la Memoria que la Fiscalía de Sevilla también se hace eco de extracciones ilegales en Doñana, y que esta práctica “se ha venido tolerando por la Administración desde el año 2006, estimándose en 15 millones de metros cúbicos extraídos ilegalmente cada año”.

En el apartado positivo, la Fiscalía de Huelva destaca el aumento de supuestos de colaboración de las organizaciones ecologistas, “con las que se intenta mantener un marco de cooperación leal y eficaz”, destacando sobre todo a WWF por “su labor desempeñada en la protección del Parque Nacional de Doñana”.

Sin embargo, en el lado negativo, la Fiscalía pone el acento en el tema de la responsabilidad contraída como consecuencia de la infracción penal cometida  y la necesidad de recuperar el entorno. Así, según reza en la Memoria, a la que ha tenido acceso Viva Huelva, “la Fiscalía de Huelva viene insistiendo en la necesidad de que los condenados aporten un plan técnico de restauración de la zona, especialmente en casos de construcciones y balsas ilegales”.

Incendios
De otro lado, en materia de prevención de incendios, la Fiscalía de Huelva urge que se “asegure adecuadamente” su presencia en el comité de asesor provincial del Plan Infoca, ya que su presencia, que la Fiscalía General de Estado considera “necesaria”, viene establecida en “una norma de rango mínimo legal”.

Del mismo modo, el Ministerio Fiscal onubense destaca “la limitación de las posibilidades preventivas en materia de incendios que suponen las restricciones presupuestarias a nivel de la Administración”, lo que ha traído como consecuencia “la disminución de las investigaciones y de medios de combate y extinción del fuego”.

Por último, en el apartado de vertidos ilegales de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, se hace mención de la investigación abierta por un vertido a la ría del Odiel por parte de Atlantic Copper.

Más casos de corrupción en momentos electorales
En la Memoria de la Fiscalía General del Estado se recoge, en el apartado de Corrupción Social, Política y Económica, que el Ministerio Fiscal onubense observa un “aumento importante” del número de denuncias en momentos electorales, “tratándose de denuncias cruzadas entre los integrantes de distintos partidos políticos con un claro ánimo de influir en el electorado o con ánimo de menoscabar el prestigio social del adversario político”.

Del mismo modo, pero esta vez en la Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía relativa a 2012, se destaca la presentación de diversas denuncias por parte de alcaldes o concejales que tras salir elegidos dicen encontrarse con diversas subvenciones que tienen que devolver porque se utilizaron para fines distintos por los que se concedieron.

Un tirón de orejas para Cultura
Se destaca el limitado número de asuntos que se tramitan por la vía penal en materia de patrimonio histórico, y la Fiscalía de Huelva lo atribuye a la limitada remisión de denuncias o expedientes por la parte de la Delegación de Cultura. “El problema reside en la inactividad de la Administración que está obligada a proteger tales bienes y no lo hace”, concluye.

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