El coordinador de campaña y secretario de Organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, ha señalado este lunes que la primera medida que tomará su partido a partir del próximo 20 de diciembre será derogar la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local. Para ello, van a pedir, a través de mociones en todos los ayuntamientos, su derogación y que no se lleve a cabo la entrada en vigor el 31 de diciembre, tal y como el Gobierno central tiene previsto.
Ferrera ha remarcado que "la aplicación de esta ley llevaría a la eliminación de unos servicios públicos y la privatización de otros". Por tanto ha insistido en que el PP "pretende quitar competencias a los ayuntamientos, especialmente servicios sociales que en este momento son gratuitos para la ciudadanía para dárselos a empresas y que se tenga que pagar por ellos", ha informado el PSOE en una nota.
En este sentido, el también parlamentario andaluz ha puntualizado que "para el PSOE, lo prioritario son las personas y la prestación de los servicios públicos de calidad y gratuitos que se ofrecen a través de los ayuntamientos". En cambio, ha enfatizado, "para el Partido Popular están los números por encima de las personas".
Por esta razón, Ferrera ha incidido en que "más de 3.000 ayuntamientos han presentado un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional porque no quieren que se le vulnere la autonomía local ni privar a sus ciudadanos de los servicios sociales".
FAMP
Por otro lado, el dirigente socialista ha destacado la importancia de recuperar la Federación Andaluza de Municipios y Provincia (FAMP), "lo que significa que los ayuntamientos tienen garantizado un instrumento que trabaja para el fomento y defensa de la autonomía local".
Además, cuenta en sus órganos de representación con el secretario general del PSOE y presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, como vicepresidente segundo, y con dos alcaldes onubenses. La primera edil de Almonte, Rocío Espinosa, y el de Fuenteheridos, José Antonio Cortés.
Huelva
El PSOE presentará mociones para derogar la reforma local y frenar la aplicación el 31 de diciembre
Ferrera ha remarcado que "la aplicación de esta ley llevaría a la eliminación de unos servicios públicos y la privatización de otros"
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